Como sabemos, los presupuestos de nuestro país están supervisados por la Comisión Europea y, especialmente para la reducción de desequilibrios financieros tales como la elevada deuda pública o el incumplimiento de sus directrices en cuanto a déficit público.
También vigila la evolución de la economía general española y pone especial énfasis sobre el elevado nivel de endeudamiento público, la lentitud del sector privado en bajar su endeudamiento (desapalancar), desequilibrios del mercado laboral con alta tasa de desempleo, excesiva temporalidad o cantidad de empleo a tiempo parcial, pensiones o fiscalidad.
La Comisión Europea va más allá, indicando que "la economía española tiene margen para subir su fiscalidad, incluso aumentando la presión fiscal", recomendando alzas en imposición indirecta e incluso con nuevos impuestos.
Donde realmente está exigiendo más rigor es sobre el saneamiento de los presupuestos públicos para que vengan de la mano de la reducción de gasto ineficiente, pues se está llegando al tope competitivo de las soluciones por la vía de las previsiones decrecimiento económico.
En lenguaje llano: dejen de gastar en función de las previsiones de futuro, el endeudamiento y el déficit y gasten de acuerdo con los ingresos reales.
Mientras nos dan otro aviso, la economía doméstica no arranca y ya hay organizaciones empresariales, como Fepeco, que critican el colapso administrativo de las licencias de obras, o la falta de previsión en las inversiones.
Por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos califica los gastos presupuestarios como poco efectivo y eficiente, además de apostillar que España debería crecer al 4% en eficiencia del gasto para alcanzar la media de la Unión Europea y hasta un 14% para llegar al promedio de la OCDE.
Queda mucha reforma estructural asentada de manera ineficiente sobre la que no estamos actuando, mientras perdemos capital y potencial competitivo para sostener empleo y estado del bienestar más allá de los cambios coyunturales.
