Muchos se extrañan: la tensión entre PSOE y Podemos, socios de gobierno, está creciendo en el ámbito de las políticas sociales y no de la política económica, el empleo o las relaciones exteriores. Los diputados de Podemos, por ejemplo, no pestañean ante las devoluciones en caliente en Ceuta o Melilla o las deportaciones de migrantes desde Canarias a Mali después de vivir varios días o semanas en unas condiciones cuarteleras. Es el precio político y moral de sentarse en el Consejo de Ministros, y Pablo Iglesias y Alberto Garzón, junto a sus compañeros, lo han pagado y lo seguirán pagando con gusto. Uno hace ya tiempo que peina canas, pero no deja de asombrarle que el joven profesor asociado de Ciencias Políticas que hace apenas seis años afirmaba que "el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto" se defina ahora ante los que le hacen un escrache en la Universidad como un "modesto reformista". Y es que en el cielo, como en el Gobierno, no cabe todo el mundo.

No les van a hurtar las medallas feministas. Y al ser un Gobierno obsesionado por la propaganda deben prometer un anteproyecto ley de libertad sexual aprobado antes del 8 de marzo. Y así se acumula un texto escombro -a tenor de lo que ha trascendido- que es más político que jurídico y más ideológico que técnico. Un texto que desde varios ministerios socialistas se considera una chapuza, y que por lo visto, lo era, y que ha debido sufrir una apresurada limpieza desde la Vicepresidencia de Carmen Calvo y el Ministerio de Justicia. A mi juicio lo más preocupante es, precisamente, ese carácter doctrinario que imprime cierta concepción de la perspectiva de género, que conduce, como explicaba un abogado, a que "todo agente institucional que intervenga en cualquier procedimiento reglado ocasionado por una de una denuncia efectuada por una mujer ha de creerla (?). Ya no bastará con actuar como si la creyera. No basta con presumirla víctima: es preciso que sepa que lo es (?). Es preciso que el espontáneo sí te creo pase de máxima de experiencia a regla procedimental obligatoria y se enseñe y aplique sistemáticamente, con toda la fuerza y legitimación del Estado". Esperar que jueces, fiscales y abogados actúen como activistas, y no como hombres y mujeres profesionales del derecho, es tal vez esperar demasiado. En todo caso si este proyecto legislativo se llega aprobar solo con los votos del PSOE, Podemos, ERC y algunas abstenciones durará un suspiro.

El malestar de numerosas organizaciones feministas -o de personalidades de la relevancia de Amelia Varcárcel- con la transformación del movimiento -y de la manifa del 8 de marzo- en una kermés donde se entremezclan reivindicaciones más confusas que heterogéneas se dirige hacia la izquierda en el poder, no contra las intolerancias derechistas. Los feminismos están reaccionando contra los y las que quieren definir y difundir la condición femenina no como una realidad sexual, social y cultural, sino como una apetencia subjetiva o una mera construcción ideológica. Y en el anteproyecto de ley de Irene Montero esa carga de profundidad contra la mujer como sujeto político no está ausente.