Una de las noticias judiciales más sorprendentes de los últimos meses se conoció ayer: la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Vidina Espino, ha sido llamada a declarar en un juzgado grancanario -y en calidad de investigada- por sus declaraciones sobre un tamayazo en su propio partido con motivo del acuerdo político entre el PSOE y Cs por el que fue elegida alcaldesa la socialista Patricia Hernández. La querella la interpuso el secretario de Organización del partido, Juan Amigó, del que en la actualidad, por otra parte, se ignora si sigue militando en Cs o no, si respira o si transpira, porque Amigó es el Howard Hughes de la política chicharrera.

Es cierto que Espino no estuvo acertada en su calificación, porque lo que ocurrió en el ayuntamiento de Santa Cruz no tuvo nada que ver con lo que sucedió en la Asamblea de la Comunidad de Madrid en junio de 2003. En esa ocasión dos diputados socialistas frustraron, con su abstención, la investidura presidencial de Rafael Simancas, el líder y candidato del PSOE. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no eran representantes de un partido menor, sino de la FSM, y no fueron sus votos los que llevaron a Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sino las nuevas elecciones autonómicas convocadas en otoño. En el ayuntamiento chicharrero los dos concejales apoyaron la elección de Hernández como alcaldesa y lo hicieron cerrando un acuerdo junto a Unidas Podemos, y exigiendo áreas relevantes -Urbanismo, Promoción Económica, Cultura y Deportes- sobre las que no existieron disputas.

Si Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano informaron con puntualidad helvética sobre sus negociaciones a la dirección del partido o las desarrollaron desde un discreto silencio hasta que estuvieron en su punto de cocción es algo que, como la localización de la tumba de Alejandro Magno, los orígenes del cachopo o las raíces de la inspiración política de Juan Amigó, no sabremos nunca. Desde hace cerca de veinte años la expresión tamayazo se utiliza para referirse a un cambio dramático del sentido de voto acerca de cuestiones relevantes -como una investidura o una moción de censura- sobre el que cabe sospechar motivos espúreos. La Federación Socialista Madrileña -y el PSOE- se cansaron de hablar del tamayazo durante años y decenas de periodistas y políticos han empleado el palabro para censurar comportamientos políticos real o supuestamente deleznables o delictivos. Es inaudito que un juez considere ahora que Espino debe ser investigada por emplear dicha expresión cuando ya era -por cierto- una diputada electa, aunque no hubiera tomado posesión de su acta. Sobre Espino (sobre su bisoñez, su capacidad de negociación, su conocimiento de las administraciones públicas) pueden emitirse juicios muy duros. Pero que se vea delante de la autoridad judicial por criticar las decisiones de sus compañeros al entender que pensaban más en su propio beneficio que en la estrategia de su partido -y tenga razón o no al entenderlo así- no creo que sea una buena noticia democrática.