Tres magistrados calibrarán la gradación penal del secuestro policial del material informativo de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, acontecido en Palma con beneplácito judicial el 11 de diciembre de 2018. Sin embargo, del propio Tribunal Superior ya emergió, durante la instrucción de la causa contra el juez Miguel Florit a cargo de Felisa Vidal, el motivo sustancial de estupefacción por lo ocurrido. "Singularmente, se trata de una resolución judicial que acuerda una medida restrictiva de derechos fundamentales de terceras personas que no tienen la condición de autores o partícipes del delito investigado, y sobre los que en ningún momento han recaído ni siquiera sospechas".

Por tanto, no resulta decisivo invocar el secreto profesional. La medida sañuda contra informadores de base era un escarmiento a personas "contra las que no se ha dirigido la investigación". No se reclaman privilegios para los periodistas, que de hecho son sujetos de un mayor número de acciones penales o civiles que colectivos profesionales como los notarios, sino de proteger a inocentes por completo al margen "del delito investigado".

A Florit, un personaje neutro desde el prisma informativo, no se le podía reclamar un suplemento de coherencia en su declaración como imputado desde los bancos de la defensa, otro privilegio. Esgrimió la valía de su "investigación", de la que nada se sabe aparte del ataque a los periodistas, por encima del secreto profesional. Sin embargo, a preguntas del fiscal jefe Bartomeu Barceló felizmente recuperado de su Rolex, el juez jubilado también admitió que el mismo día 11 por la noche retiró las medidas y requirió los aparatos secuestrados bajo su custodia. Para entonces, las propuestas de la policía vulneraban el "secreto profesional" que esa misma mañana le tenía notablemente despreocupado.

Si el juez acusado admite un secreto profesional que le obliga a retractarse, no hay nada más que discutir. Para un demócrata de los años ochenta y noventa parecería un reconocimiento elemental, casi capcioso. Sin embargo, conviene recordar que la fiscalía absolutamente enloquecida negó explícitamente en sus escritos durante la causa que exista un derecho periodístico a proteger a las fuentes. Es innecesario añadir que la histeria policial en este caso no solo obvia los derechos elementales de la información, sino que reclama prácticamente la censura previa, en atestados con voluntad de autos y casi de sentencias, donde se fabuló una organización criminal ya fenecida. Los inspectores al servicio de la querella de Cursach abundaban en más argumentos jurídicos y editoriales que policiales, sin duda por ausencia de evidencias de una mínima entidad.

La instrucción del TSJ recuerda que "la información tiene que calificarse como un bien colectivo que beneficia a la sociedad", manifiesto con el valor adicional de que Felisa Vidal fue sometida al escrutinio periodístico durante su vivencia política. Se contrarresta así el desprecio manifiesto de los investigadores y secuestradores de material informativo al derecho de los ciudadanos a seguir el pulso de los acontecimientos. De nuevo, existen sobrados mecanismos para actuar contra periodistas que infringen la jungla de protección de honores y haciendas, pero en esta ocasión no eran ni sospechosos.

El manifiesto de la instructora en pro del "bien colectivo" recuerda que no se está celebrando el proceso contra un magistrado, sino a favor de la libertad de prensa. A través del tribunal, la colectividad decide cuánta transparencia puede soportar, si los inevitables contratiempos de una sociedad abierta compensan los beneficios. O si es preferible un periodismo amordazado al estilo de Turquía o de la Venezuela donde Borrell ubicó el caso móviles.

El fiscal anticorrupción Juan Carrau, que ha empeñado y empañado su prestigio personal en la causa más sucia en la que ha participado, moderó ayer el tono de sus manifestaciones. Cuando alude a la proliferación de informaciones que llama "filtraciones", sabe por propia experiencia que los asuntos mediáticos por los que ha obtenido numerosos parabienes se caracterizaron por un flujo de intensidad pareja, sino superior, al registrado en la mafia de las Policías.

Por si los perseguidores de periodistas a instancias de Cursach porfían en escudar su ataque a las libertades en los resultados obtenidos, habrá que contraponer una sentencia del Supremo negando que la borrachera de "lo que coloquialmente se designa como éxito policial sería el único y máximo exponente de la regularidad de toda clase de intervenciones; cuando es obvio que tal regularidad depende exclusivamente de que éstas se ajusten con fidelidad a la Constitución y a la legalidad. Lo contrario, la justificación solo por el resultado de cualquier medio o forma de actuación policial equivaldría a la pura y simple derogación incluso de una parte del artículo 24 de la Constitución".

La actuación sumarísima de un fiscal jefe que intentó suprimir el Tribunal Superior del que forma parte en su conjunto, negándole la dignidad para dirimir el juicio, se complementa con una abogacía del Estado representada por la inventora en el caso Infanta del célebre eslogan de "Hacienda no somos todos". Dado que ambas instancias están sujetas a la jerarquía gubernamental por mucho que incomode a sus integrantes., queda claro que el Gobierno de ultraizquierda de PSOE, Podemos y Esquerra milita con energía contra la libertad de expresión, después de haber fingido escandalizarse en el estallido del caso móviles. La apuesta por una prensa sumisa define la ejecutoria de los gabinetes más dispares.

Con independencia del resultado del proceso, la misión del periodismo seguirá trazada por los pasos expuestos en una editorial reciente del New York Times en conexión con Julian Assange. En primer lugar, "animar a las fuentes a suministrar información secreta con valor noticiable", para "obtenerla sin permiso de las autoridades" y con intención de "publicarla". Finalmente, en "tomar medidas para proteger la confidencialidad de las fuentes".