27 de febrero de 2020
27.02.2020
A babor

Interior

27.02.2020 | 10:47
Interior

Hace pocos días se conoció la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que asegura que España no conculcó ningún derecho de los dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014 y fueron expulsados a Marruecos de forma inmediata y sin recibir auxilio sanitario o asistencia jurídica. El tribunal argumentó en su fallo que fueron los propios inmigrantes quienes se colocaron en una situación ilegal al cruzar sin autorización y de forma deliberada la frontera de España. La Corte de Estrasburgo había condenado a España anteriormente por estas mismas devoluciones, y su cambio de posición creó bastante sorpresa y provocó la indignada reacción de Podemos. Tras conocerse la sentencia, tanto la ministra de Trabajo, como el diputado Mayoral manifestaron su desacuerdo. Mayoral, dijo que era "impresentable". Y Pablo Iglesias insistió el lunes pasado en que el Gobierno español dejaría de recurrir a esa práctica, porque acabar con ella forma parte del pacto de Gobierno suscrito entre Unidas Podemos y el PSOE, y además "no es respetuosa con los derechos humanos". No puede decirse que Iglesias no sea coherente con lo defendido cuando él y su partido estaban en la oposición al Gobierno de Rajoy: Iglesias siempre fue muy crítico con la aplicación de un sistema que cuenta con el rechazo beligerante de las organizaciones de derechos humanos.

Pero el hecho es que el Ministerio de Interior no está por la labor: Marlaska desconfía de la incorporación de Iglesias a una de las comisiones permanentes del CNI, y ha aumentado el tono de su beligerancia con Podemos. El ministro se refirió el mismo lunes a la legitimación de las expulsiones, asegurando que la violencia es el límite establecido por Estrasburgo al ejercicio de los derechos fundamentales. Lo sorprendente fue la reacción de la vicepresidenta Carmen Calvo, que desautorizó a Marlaska, asegurando que el fallo no avala las devoluciones en caliente. Marlaska no contestó a la vicepresidenta, pero ayer lo hizo su segundo, el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, que recordó que el "rechazo en frontera" está amparado en una ley en vigor –la 'Ley Mordaza'- y se usará cuando resulte necesario, mientras no se produzca la derogación de la normativa que lo respalda.

En realidad, este cruce de declaraciones no responde a la inexistencia de un compromiso claro del Gobierno sobre lo que se va a hacer en el futuro, sino al acuerdo suscrito en un encuentro en Moncloa, el pasado martes, en el que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo –las diferencias entre Interior y Podemos son grandes, y la reunión resultó muy bronca-, Sánchez arrancó el compromiso de su Gobierno de no hablar públicamente del asunto, y limitarse a manifestar el acatamiento del fallo. Pero no parece que nadie le haga caso... La bronca seguirá al menos hasta que se modifique la 'Ley Mordaza' del PP, que ampara las devoluciones, pero es probable que antes se produzca también el fallo del Constitucional a los recursos presentados contra la ley por el PSOE y Podemos, desde la oposición. Será ese fallo quien decida no sólo la posición del Gobierno, sino es posible que también la continuidad o no de Marlaska. Que es lo que –en la trastienda- está ahora en juego.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook