Cuando en España los sondeos dicen que más del 70% de los ciudadanos están a favor del fallecimiento asistido cuando lo soliciten pacientes con una enfermedad muy grave e incurable, las Cortes debaten dos proyectos de Ley de gran trascendencia social, la eutanasia y la muerte digna, los primeros de la actual Legislatura.

Una iniciativa del PSOE que ha obtenido el respaldo mayoritario del Congreso a su toma en consideración, con la que se pretende dar respuesta con garantía jurídica a una demanda social sobre la base de los principios constitucionales de libertad de las personas que lo soliciten y respeto a su integridad física y moral, a su intimidad y a su dignidad. Con la eutanasia, que a nadie obliga, no solo se trata de despenalizar la "ayuda a morir" (para lo que se modificará el artículo 143.4 del Código Penal), también de regular la objeción de conciencia de los médicos, crear un registro de objetores, e incluirla en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud como garantía de calidad y equidad para que no exista desigualdad ante una muerte digna.

La solicitud de eutanasia por parte de un paciente, no delegable en terceros, precisa de una decisión personal, consciente, informada, meditada, mantenida en el tiempo, y libre de cualquier presión económica, social y familiar, reiterada al menos en dos ocasiones en quince días. El solicitante tiene que ser mayor de edad y sufrir una patología grave e irreversible que cause un insoportable sufrimiento, pero no procede en el caso de que se encuentre en una situación de muerte inminente, siendo informado previamente por su médico sobre alternativas terapéuticas y posibilidades de cuidados paliativos.

Un proyecto de Ley que ya se intentó sin éxito en las Cortes en 2018 y 2019, pero que ahora cuenta con mayor apoyo parlamentario, oponiéndose solo PP y Vox (140 del total de 350 diputados), con lo que las posibilidades de prosperar son mayores. Curiosamente, si bien la oposición de la jerarquía católica a esta ley es firme, sin embargo, más del 60% de los católicos la apoyan. Se trata de dos leyes que generan un gran debate social, la Ley orgánica de regulación de la eutanasia y la de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (muerte digna), que, siendo diferentes, se complementan. La primera regula el derecho individual a morir anticipadamente, dando seguridad jurídica a los profesionales que participen y regulando la objeción de conciencia.

La segunda, que decayó en 2011 por adelanto electoral y en 2015 por la posición contraria del PP, atiende los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en condiciones dignas (cuidados paliativos integrales, intimidad y acompañamiento), estableciendo un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica a los profesionales implicados, tal como defendí el 13 de mayo de 2015 en el Pleno del Senado, solicitando las máximas condiciones de confort en los momentos finales de su vida tanto para pacientes como familiares.

Para acogerse a ella es preciso que se sufra una enfermedad grave, invalidante e intolerable, y se tenga mayoría de edad y plena capacidad para solicitarla, excluyendo a menores, pudiendo ser revocada en cualquier momento, debiendo existir una Comisión de Control y Evaluación autonómica que ha de controlar todo el proceso de forma previa y posterior al fallecimiento, para que todo el proceso esté sujeto a suficientes garantías jurídicas y sanitarias tanto para el paciente como para los profesionales implicados, y, al contrario de lo que sucede con la muerte digna, permite la objeción de conciencia de los profesionales.

Portugal se nos ha adelantado y su Parlamento aprobó el jueves los cinco proyectos de ley que despenalizan la eutanasia presentados por el gobernante Partido Socialista, el marxista Bloco de Esquerda, la fuerza animalista Personas Animales Naturaleza (PAN), Los Verdes e Iniciativa Liberal. En España, ahora, la palabra la tienen diputados y senadores.