Por supuesto que lo de la regla de gasto es intolerable. Miles de millones de euros en los bancos y que no pueden gastarse. Miles de millones a los que las entidades bancarias - previsiblemente - quieren cobrarles más comisiones de mantenimiento y guarradas por el estilo. A mí me sorprendió un poco la intervención parlamentaria última de Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno autónomo, que pareció achacarle la regla de gasto al Partido Popular, un invento diabólico de la derecha, cuando, en realidad, es una ley de gobernanza de la Unión Europea, su ámbito de aplicación es comunitario y su cumplimiento, obligatorio, y es Bruselas quién vigila que esta exigencia normativa se extienda a todas las entidades territoriales. Sin embargo no cabe duda que la flexibilización de la regla de gasto sería un gesto razonable para permitir la inyección de dinero público en estrategias productivas razonables, en mejorar comunicaciones y equipamientos públicos, en dinamizar la actividad I+D+i y todo lo demás. No se conseguirá. Por lo menos en los próximos cuatro años. Y Rodríguez -como todos los responsables políticos bien informados - lo sabe.

La regla de gasto no es un debate baladí. El sistema de financiación autonómica tampoco. Pero no forman parte de los verdaderos debates centrales que deberían configurar la agenda política para la próxima década, aunque estén conectados con los mismos. Ocurre que la reflexión y el debate político están secuestrados, en Canarias, por un afán de fetichización de media docena de objetos totémicos. Por ejemplo, el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal, algo que recordó igualmente el vicepresidente Rodríguez en el último pleno parlamentario. O el incumplimiento de un convenio de carreteras. O las subvenciones al transporte de personas y mercancías. Pero eso no son políticas sino, en el mejor de los casos, instrumentos (básicos o coyunturales) para hacer política. Todo el ruido sobre los instrumentos jurídicos, normativos y financieros impide escuchar el latido de las demandas fundamentales -y urgentes-- para que Canarias no se trasforme en un país fallido.

Ya está bien de lloriquear por un REF incumplido o de denunciar furiosamente la subvención para la desalación del agua. Los problemas estratégicos de Canarias son más concretos: la cronificación de un alto desempleo galopando sobre una desigualdad avasalladora, el envejecimiento de la población - hoy ya tenemos más isleños que han cumplido 65 años que jóvenes que no han cumplido 14 --, la crisis climática que amenaza con hundirnos como objetivo turístico en treinta o cuarenta años, la raquítica productividad y ridícula competitividad de nuestro modelo económico, la conexión del país con una economía globalizada que exige, entre otras cosas, una digitalización empresarial activa y un aumento sostenido de inversión en investigación y desarrollo, la reforma del sistema educativo - potenciando idiomas, matemáticas e ingenierías -- y la viabilidad de las pensiones públicas. La discusión pública y abierta de esta media docena de cuestiones, estableciendo diagnósticos y objetivos consensuados, quizás ayudaría a afinar más y mejor la gestión de los instrumentos que pueden contribuir a materializarlos, sea el Estatuto, el REF o las menguantes ayudas de la UE. A veces poner la carreta antes de los bueyes es una forma de ocultarse entre unos y otros.