La mayoría de las instituciones y corporaciones canarias guardan en sus cuentas corrientes un montón de pasta ociosa, porque tampoco los bancos la usan, ya que prefieren colocar sus excesos de liquidez en el Banco Central Europeo. El problema es que las entidades bancarias han anunciado su intención de comenzar a aplicar una tasa del 0,5 por ciento por mantener a buen recaudo esos fondos, que los Ayuntamientos no pueden gastar, porque entonces incumplirían la ley de Estabilidad Presupuestaria. Se trata de una de esas ridículas paradojas que sostienen hoy el absurdo mundo en que vivimos. Las entidades públicas suben los impuestos a los ciudadanos para poder prestar mejores servicios, porque no pueden gastar los cuartos que tienen ahorrados, se ven obligados por ley a mantener el dinero en los bancos, aportando apariencia de control del déficit a las cuentas del Estado, mientras los bancos les cobran medio punto anual por mantener en las cuentas su dinero. Medio punto que a su vez tienen que pagar los bancos al Banco Central Europeo para colocar en él sus excedentes. El Banco Central exige ese porcentaje a las entidades financieras para incentivarlas a prestar dinero, algo que los bancos no hacen, porque hacerlo ya no es negocio, porque el Banco Central ha abaratado el dinero para conseguir que la economía funcione. Una absurda cadena de decisiones contradictorias, cuyos efectos supuestamente positivos para la economía se anulan unos a otros.
Se trata -como ha dicho Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos- de un dinero que va directamente del bolsillo de los ciudadanos a la cuenta de resultado de los mismos bancos que ya hicieron su buen negocio quedándose con las Cajas de Ahorro y los bancos arruinados que fueron salvados con el rescate bancario de 33.500 millones que al final se pagó -en siete años- con el dinero recaudado en siete años por la congelación de las pensiones?
Es cierto que los bancos no están obligados a cobrar la tasa del 0,5 por ciento, y que si en este país funcionara el mercado, algunas entidades tendrían interés en no cobrarla, a cambio de mantener depósitos, o incluso hacerse con los depósitos de otras entidades. El problema es el corporativismo financiero: nadie duda de que las entidades se pondrán de acuerdo para conseguir que todas ellas ganen un poco más. Sería bastante ridículo que tuviera que intervenir competencia para frenar la aplicación pactada de una norma que responde a otra que no sirve para lo que se pretende -incentivar la circulación del dinero-, y que los bancos tienen derecho a aplicar.
Más sensata es la propuesta aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias y suscrita por la FECAM: que el Banco de España permita cuentas corrientes sin costes por mantener los depósitos, donde los ayuntamientos puedan colocar los dineros del superávit bloqueado por la ley de Estabilidad Presupuestaria, sin pagar por ello. Y ahora, supongamos que el Banco de España decide hacer caso a la petición de la FECAM. ¿Resuelto el problema? El de las entidades con superávit sí. Pero los ciudadanos y las empresas tendrán que seguir pagando la tasa. Ni siquiera les queda el consuelo de llevarse el dinero y meterlo en una caja de zapatos o debajo del colchón, porque las leyes exigen que todos los movimientos se realicen a través de cuenta corriente. Ya saben de que va esto: al final, absolutamente todo sale de los mismos bolsillos: los de una población cada día más harta.
