La libertad de expresión es un derecho fundamental que admite escasas excepciones y límites. La jurisprudencia de nuestros tribunales, tanto o más garantista que la de los países más avanzados y democráticos, es tan clara, que hablar de tipificar delitos que restrinjan la libertad de opinar es acto claramente restrictivo del ámbito de dignidad del ser humano.
La pretensión de tipificar como hecho punible el inconcreto, anacrónico y escasamente definido de exaltar el franquismo, es tan desproporcionada y aparentemente ilícita, que causa cierta perplejidad que proceda esta genialidad de quienes se llaman progresistas. Y es que el franquismo, si se quiere encerrar en el término de su «exaltación», no deja de ser una idea abstracta. Cuarenta años de nuestra historia no pueden pasar al olvido y ser delictivos, desde el turismo a la Seguridad Social, los pasodobles, Eurovisión, las películas patrióticas tan de moda ahora, la Semana Santa, el Seiscientos, las familias numerosas, la Enciclopedia Álvarez, los lápices Alpino y un largo etcétera que Lastra, siempre tan perspicaz, quiere borrar de un plumazo prohibiendo que se exalte el franquismo. Y esto no es ironía cuando los precursores de las barbaridades han dado muestras de profundo desatino. Todo es posible en mentes tan descentradas.
Después de casi un siglo del levantamiento militar de 1936 que alguien se muestre partidario del mismo, como hicieron en su día, entre otros muchos, Unamuno y Ortega y Gasset, es tan irrelevante como declararse afrancesado haciendo referencia a 1808. Aunque les pese a quienes quieren hacer presente lo casi secular, aquello es historia y como tal ha de ser tratado. Mucho más desde una perspectiva penal.
Difícil es o, mejor dicho, imposible, que las opiniones sobre tales sucesos puedan ser delito. Tanto como demostrar que ese pasado es realidad presente para gloria de bobas nostalgias de guerras perdidas que, aunque acabadas hace años para todos los que la vivieron, ahora resucitan una legión de sujetos empeñados en sacar rédito de su recuerdo confrontando una sociedad que parecen querer otra vez partida. Gracias a sus denodados esfuerzos vuelven banderas y banderías a poblar esta España que, cada cierto tiempo, sufre las iniquidades del odio, del rencor, de la vergüenza revestida de justicia. No aprendemos.
Siendo historia, la opinión se forja sobre la base de lo mucho escrito acerca de la II República, la Guerra Civil y el Franquismo. Versiones, miles, tendencias, cientos. Que un gobierno democrático decida que solo una de las versiones es la correcta, apoyando a quienes la sostienen y que los que mantienen la no oficial, muchos, no solo están equivocados, sino que son unos delincuentes, es una exageración propia de soberbios o de indolentes. Solo hay verdades oficiales en las dictaduras. Y por ese camino transita este país para nuestra desgracia.
Pero, como digo, la sangre no llegará al río y la Constitución se impondrá sobre las ocurrencias de estos socialistas de la nueva ola, que tanto tienen que envidiar a sus predecesores de la Transición. Estos últimos no eran ni tontos, ni fascistas, ni cobardes; eran, por el contrario, inteligentes, equilibrados y buenos políticos. Cada época tiene los suyos con sus aciertos, sus desaciertos, sus figuras y sus figurantes.
Pedir la inclusión de un delito de opinión es incurrir en la misma conducta que se quiere tipificar. Instar a una reforma del Código Penal que sancione como delito la opinión, es convertirse en lo que se quiere reprimir, conducta ésta muy frecuente en una izquierda que imita el franquismo tanto como lo condena.
En un sistema democrático la opinión es libre y no es delito sostener posiciones inconstitucionales, incluso promover cambios en la Ley Fundamental si se hace por vías pacíficas. Sería, pues, legítimo reivindicar una dictadura si la misma se construyera por procedimientos lícitos. Igual exactamente que hacen los independentistas. Nadie podría perseguir a nadie por pretender una reforma que contara con la mayoría social, aunque esta llevara a un sistema autoritario. Cuestión distinta es hacerlo por la fuerza o con violencia, hecho éste que, sin embargo, al gobierno no parece preocuparle cuando se trata de las libertades que comprende o le convienen.
Delitos como éste, de opinión o los de odio, tan complejos, como subjetivos, se definen mediante decisiones judiciales siempre discrecionales. De este modo, no se dan cuenta estos ingenuos que abrir esta puerta puede llevar, en el futuro, a que sean los suyos los reprimidos y prohibidos. Intentar ilegalizar la Fundación Franco, por ejemplo, puede, igualmente, salirles caro. La Fundación Largo Caballero seguiría, inmediatamente, el mismo camino y más adelante, quién sabe. Máxime tras la resolución de septiembre de 2019 del Parlamento Europeo que equipara nazismo y comunismo.
Escuchar a Felipe González es obligado y deberían hacerlo los militantes de este PSOE por su bien y el de su partido en el futuro. Como dice el expresidente se pretendió que la Constitución no fuera «militante» y sí «incluyente». La historia demostró certezas que estos aprendices de la justicia hecha venganza no han aprendido. Si ganan los adversarios harán exactamente lo mismo, pero al revés. Quien siembra vientos recoge tempestades. Y ya soplan vientos que anuncian que puede haber respuesta. Recuperemos la sensatez antes de que sea tarde.
