Los partidos políticos, en los parlamentos, se dedican intensamente a la producción legislativa. Este es un país muy fecundo que tiene leyes para casi todo y una gran sobreabundancia de Romanones que luego hacen los otros tantos miles reglamentos.

Horquillados por ese asfixiante marco normativo, que los partidos van fabricando a impulso de las modas coyunturales, los propios políticos se enfrentan después a imposibilidad de gestionar los asuntos públicos, atascados en procedimientos extremadamente intrincados y con tendencia al infinito. Es entonces cuando aparece la tentación de aplicar ese viejo axioma hispano que dice "hecha la ley, hecha la trampa" y se buscan otros caminos imaginativos para poder hacer lo que se debe hacer.

A la responsable de Asuntos Sociales de Canarias, Noemí Santana (Podemos) le están acusando de proponer la creación de un órgano externo que sea capaz de contratar personal y tramitar las largas colas de personas que esperan una evaluación de su situación de penuria para obtener una ayuda pública. Dicen que es incomprensible que desde la izquierda verdadera se proponga una solución privatizadora de un servicio público.

El fin no sirve para justificar los medios. Pero los explica. Santana persigue un bien común. Se enfrenta a la imposibilidad de engrosar las plantillas públicas -un proceso plagado de ciénagas, eternas negociaciones sindicales y dificultades procedimentales- con la suficiente velocidad como para responder a la urgencia de miles de necesitados.

A las administraciones en general -y a la canaria en particular- le pasa como a los calvos, que les crece pelo donde no debe y no les crece en donde lo necesitan. Hay un exceso de medios humanos en algunos orondos departamentos y faltan escandalosamente en otros donde prestarían una servicio fundamental. Pero lo público lo han dibujado así, entre los poderosos mandarines de la burocracia y los liberados sindicales. El PP llegó al gobierno de la crisis para reconvertir profundamente la administración española, pero se les olvidó por el camino. Y salieron dejando las cosas tal cual estaban, pero con más impuestos.

Si el actual gobierno quiere cumplir con sus promesas de cambio social necesita más dinero, por un lado, y la capacidad para gestionarlo, por el otro. Son dos batallas diferentes, pero complementarias. Externalizar servicios públicos a través de órganos de nueva creación, que jueguen con las reglas de lo privado, es un atajo tentador.

El disparate de nuestras administraciones es tal que el Gobierno de España, después de dividir en dos ministerios las áreas de Ciencia y Universidades -había que crear dos poltronas- se ha planteado crear un órgano capaz de coordinar lo que ellos habían dividido. Puro surrealismo que viene a demostrar claramente que los intereses de la política contemporánea, esa gigantesca empresa de colocaciones, están casi siempre por encima del sentido común y del interés general de los ciudadanos.

Lo que dicen que propone Santana es un intento de romper con la frustración. Puede que sea incoherente con su argumentario político pasado. Pero es que gobernar acaba quitándote las legañas.