El salario mínimo interprofesional y el aumento de las cotizaciones a la seguridad social, conlleva un incremento en el coste del trabajo para las empresas que desincentiva la contratación, cuando no aumenta el desempleo por ajustes de productividad.

Por hablar con datos concretos, un salario de 950 euros al mes eleva el coste del empresario, o empleador, hasta los 1.480 euros y ningún país que tenga el salario mínimo más alto ha subido un 55% sin subir la productividad en esa proporción y en el mismo tiempo.

Tampoco es cierta la panacea de que subir el salario mínimo garantiza el consumo pues, por un lado, el trabajador puede destinarlo a ahorro y por otro, es inevitable que los precios suban al trasladar esos costes al precio final del producto o servicios que el mismo trabajador consume.

Por lo cual ingresará más y gastará más por los mismos productos que consumía anteriormente a la subida, no todos los productos del mercado tienen margen para que el empresario asuma esa subida manteniendo los precios, al margen de que la subida afecta también a los empleados de hogar, por lo que, en caso de tener ese servicio en las familias, disminuiría la renta disponible de las familias antes de destinar ese ingreso al consumo.

Menos margen existe en los productos agroalimentarios cuya cadena de valor son una serie de empresas que intervienen desde el proceso de siembra, recogida, almacenamiento, venta en origen, transporte, venta en destino y coste de distribución, al margen de los costes de conservación y mermas que influyen siempre en el precio final. Sin olvidarnos que los productos agrícolas están fuertemente subvencionados por su sostenibilidad estratégica territorial y que si desplazamos a los agricultores del mercado lo ocuparán otros productos no locales que dejarán parte de ese valor añadido lejos de las fronteras insulares de Canarias.

Todos nos merecemos un salario digno, pero también un salario que nos de garantía de futuro lejos de las oficinas del desempleo, de manera temporal o permanente.

Como decía el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, "el problema del campo no es de precios, sino de costes", y no hay mayor garantía para el empleo de calidad que la fluidez del diálogo social entre los legítimos representantes de los trabajadores y empresarios, así como la capacidad del mercado de permitir un consumo sostenible.