10 de febrero de 2020
10.02.2020
Retiro lo escrito

Una subvención fracasada

Los pasados días 28 y 29 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria una reunión de los máximos responsables políticos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para analizar el impacto de las ayudas al transporte aéreo de residentes

10.02.2020 | 00:05
Una subvención fracasada

Los pasados días 28 y 29 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria una reunión de los máximos responsables políticos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para analizar el impacto de las ayudas al transporte aéreo de residentes al Estado "con el objetivo último de garantizar una conectividad más igualitaria", según la jerigonza de la cumbrecita. Veinticuatro horas antes los organizadores convocaron a funcionarios técnicos, profesores universitarios e investigadores para debatir sobre el asunto sin que trascendiera casi nada. Por fortuna, uno de los asistentes, el doctor Juan Luis Jiménez, ha tenido la gentileza de referirse a esta convocatoria en el blog Nada es gratis, con un artículo en el que te encontrartas que en pleno franquismo (y en concreto a través de la Ley 118/1960) ya se estableció un descuento del 12% para los billetes de residente entre Canarias y la Península.

El profesor Jiménez recuerda que los dos principales instrumentos de intervención pública para el mantenimiento de la conexión aérea con zonas alejadas: las obligaciones de servicio público y los descuentos a residente. Estos últimos pasaron de entre 10% y 12% a mediados de los años setenta hasta el 50% en la primera década del siglo XXI, para llegar al 75% del porcentaje subvencionable a partir de 2018, ese logro histórico que Román Rodríguez y Pedro Quevedo no han dejado de jalear como un milagro. Lo realmente sorprendente es que el Ministerio de Fomento - por no hablar del Gobierno autonómico - no se ha preocupado por una evolución sistemática de la subvención y de su impacto entre los residentes a los que se intentaba ayudar. El más destacado es el socialmente el más escandaloso: el subsidio incrementa los precios finales. Y aunque existen varios factores técnicos más o menos relevantes la exitosa voluntad de las compañías aeronáuticas - en especial en rutas sin competencia - de subir los precios es la que enfurece justificadamente a los isleños, y peor todavía, a los canarios que residen en Madrid, Barcelona o Sevilla, pero que visitan su isla regularmente.

Unos 700 millones de euros metió Fomento para subvencionar a los viajeros residentes de Canarias durante 2019 a través de una política pública que - al menos en lo que se refiere a los consumidores - no parece precisamente exitosa, y que necesariamente se debe reinventar, a partir de unas bases mínimas que plantea razonablemente Juan Luis Jiménez: transparencia en los datos, evaluación pormenorizada de los efectos del subsidio, análisis de alternativas sobre los datos empíricos. Tal vez sea más eficaz y eficiente que las subvenciones varíen respecto a las rutas. Quizás se encuentren instrumentos para incrementar los niveles de competencia. O podría imaginarse - si se disponen de 700 u 800 millones de euros anuales - de una línea pública low cost para determinadas rutas y horarios.

En todo caso la situación no puede seguir así: genera frustración entre los viajeros, supone un importante trasvase de recursos públicos parcialmente inutilizados a empresas privadas que actúan con una deslealtad manifiesta y daña incluso el turismo peninsular, aunque todavía -para variar - no puedan precisarse cifras. Y todo no se arregla -coalicionera o romanescamente -con más dinero: lo prioritario es concebir modelos e instrumentos de ayuda a conectividad y defenderlos en una estrategia coherente frente al Gobierno español y en su caso la UE.

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