Según los datos de la publicación jurídica Aranzadi y corroboradas por recurrentes informes de CEOE, el Estado las Comunidades Autónomas y la Administración Provincial y local, produjeron 11.737 normas solo en 2018.
Este dato supone que en 40 años se han cuadruplicado las normas aprobadas en 1978 y supone uno de los grandes problemas para la sostenibilidad y diversificación del tejido empresarial.
También debemos tener en cuenta que todos estos febriles procesos de aprobación legislativa nos han llevado a que en España se han aprobado un total de 364.267 normas entre leyes orgánicas, reales decretos-ley, leyes autonómicas, decretos legislativos y ordenanzas municipales.
En resumen. Cuanto mayor burocracia menor volumen de empresarios físicos, emprendedores y de sociedades limitadas, que, como saben, son más el 95% del tejido empresarial sobre el que se sustenta el empleo.
Como segunda derivada de este hábito jurídico, los efectos negativos sobre la eficiencia y la productividad son innegables. Tanto para las empresas como para la propia administración pública.
Por un lado, esto se ha provocado por el aumento de las administraciones públicas capaces de legislar, y el ineficiente traspaso de competencias en la descentralización administrativa.
Por otro lado, el número de personas que reciben un salario público o una transferencia pública (pensiones, rentas, desempleo etc.) ha subido en 530.000, elevando el número de aquellas que dependen del estado a casi nueve millones de pensionistas, más de tres millones de empleados públicos, dos millones de receptores de prestaciones por desempleo.
Catorce millones de dependientes del Estado frente a trece millones y medio de asalariados en el sector público.
Una ecuación sobre la que hay que pensar, debatir y consensuar soluciones antes de que se nos vaya de las manos y las subidas impositivas o de salarios mínimos nos pongan ante la tesitura de la cantidad de empleo que la economía puede asumir sin dejar de ser competitiva.
Una norma aprobada debe acabar con dos o más del mismo rango para evitar la inseguridad jurídica y la economía sumergida como inadecuada solución.
