No se puede esperar más. "Ha llegado el momento de pasar de los estudios a las acciones", afirmó hace unos días el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, sobre la cada vez más incuestionable realidad de que volar a la Península resulte cada vez más caro para los residentes canarios, pese el logro histórico de una subvención del 75 % sobre el precio del billete, y para los peninsulares que pretenden visitar las Islas. Una ayuda directa que está resultando contraproducente a estos efectos.
Las palabras del consejero resumen el espíritu con el que Canarias y los demás territorios extrapeninsulares (Baleares, Ceuta y Melilla) afrontan la cumbre de los próximos día 28 y 29 para tratar de buscar una solución de una vez por todas a un problema que las administraciones, y en especial del Gobierno de la nación, no logran atajar, y que se torna acuciante en determinadas épocas del año para los isleños, con tarifas aéreas desproporcionadas, comparables, cuando no superiores, a las de trayectos transcontinentales.
La reunión de esta semana debe servir para pasar de las palabras a los hechos, y trasladar, por lo tanto, el máximo interés y preocupación en un claro mensaje al resto de los agentes implicados, las compañías aéreas y el Ministerio de Transportes: no se tolerará continuar con los abusos tarifarios y el descontrol de precios.
Es evidente que el problema es complejo y que requiere de una actuación ponderada, sin aspavientos ni demagogias, pero también de que tiene que partir de una voluntad política de afrontarla sin remilgos y con determinación, firme y audaz si es preciso, pero que sea útil para poner fin a esta dinámica incomprensible, insólita e injusta de que, a mayores ayudas públicas al transporte aéreo, mayor coste de los billetes para el usuario, y que el esfuerzo financiero del Estado (382 millones en los últimos presupuestos) se traduzca en mayores beneficios para las aerolíneas.
Es lo que todo el mundo veía que estaba sucediendo desde la aplicación del actual porcentaje de subvención en 2018 y se ha constatado en ese estudio del Ministerio que advertía de un crecimiento medio de las tarifas en los primeros siete meses de 2019 de un 24 % en los vuelos a Madrid con picos de hasta un 30 o un 48 % en otras conexiones con la Península.
La situación en los últimos meses se ha agravado por la pérdida de conectividad como consecuencia del repliegue de Ryanair, una de las compañías que operaban en esos trayectos, y traslada el problema de los altos precios al sector turístico canario, aquejado de las distorsiones en el sector aeronáutico y sus consecuencias en el mercado. Pero más allá de esta circunstancia, lo que se impone es un abordaje en serio de la situación que debe ir más allá de las ideas confusas y a veces contradictorias con que desde Madrid se observa el problema desde hace años. Hay que aplaudir la iniciativa de Fomento de encargar una serie de estudios para conocer las razones últimas de los incrementos tarifarios en los que se ha implicado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para descubrir posibles pactos ilegales por parte de las aerolíneas, una vigilancia que también ha asumido recientemente el Tribunal de Cuentas.
Resulta más discutible, sin embargo, que también participe en el proceso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) con la intención incomprensible de conocer el perfil fiscal de los usuarios, o que se haya encargado a una universidad catalana, la Pompeu Fabra, el análisis casuístico de la evolución de precios. En todo caso, no se entiende que el Observatorio de Precios puesto en marcha hace algunos años por Fomento no ofrezca de forma transparente a la opinión pública y al conjunto de administraciones el resultado de sus análisis y conclusiones sobre la evolución de las tarifas.
Desde hace mucho, la actitud desde Madrid hacia la cuestión de las subvenciones al transporte aéreo de pasajeros, un derecho de los canarios reconocido en el REF, es un tanto errática y muestra, por lo general, una cierta reserva a considerarla en toda su extensión. No en vano, cada vez que se ha aceptado un incremento de las ayudas, primero del 33 al 50%, luego al 75 % para los vuelos interinsulares, y finalmente este mismo porcentaje de ayuda para las conexiones con la Península, ha sido por la necesidad del gobierno de turno en el Estado de los votos nacionalistas en el Congreso. La última, en los Presupuestos del 2018, gracias a la negociación entre el PP y NC para las cuentas de ese año y el imprescindible voto del célebre diputado 176.
Es verdad que se ha intentado establecer un sistema de control y vigilancia de la aplicación de las subvenciones por parte de las compañías aéreas, y que se han abierto distintos expedientes sancionadores por fraude, pero con frecuencia ha dado la impresión que desde Madrid se ha puesto más énfasis en fiscalizar el propio sistema de ayudas que las prácticas poco transparentes de las compañías. Porque lo cierto es que todos los responsables de Fomento desde hace décadas (Álvarez Cascos, José Blanco, Ana Pastor, José Luis Ábalos) han manejado distintas ideas para actuar sobre el derecho, creyendo que se trataba de aportaciones brillantes cuando en realidad se demostraron en su mayor parte bastante peregrinas.
Sobre el tapete de la cumbre de los territorios extrapeninsulares de esta semana en la capital grancanaria, con la presencia de sus respectivos presidentes, se presentará todo un abanico de posibilidades de actuación que en su mayoría ya se conocen, y sobre las que se volverá a insistir ante el Gobierno central para atajar de una vez el problema. La primera y más sencilla es obligar a las compañías aéreas y a las plataformas digitales de reserva que trasladen al final de las operaciones de adquisición del billete la declaración sobre si el comprador es residente o no y por tanto beneficiario de la ayuda. Está comprobado que el precio es distinto al final de la operación y que siempre se encarece para el caso de los residentes. Es una práctica intolerable cuya finalidad está muy clara, un trasvase económico indecente desde los bolsillos de los ciudadanos de las Islas y de las arcas públicas a la cuenta de resultados de las compañías aéreas.
También se barajan opciones como la declaración de Obligación de Servicio Público para determinados trayectos a la Península, lo que permitiría el establecimiento de precios máximos de referencia. Esta opción tiene su complicación legal y técnica y hay quien duda sobre su efectividad real porque a las reservas e impedimentos que establece la normativa comunitaria, se puede entender como una cortapisa a la libre competencia en la actividad empresarial, se une el riesgo de que las condiciones que se impondrían a las compañías para asumir esos trayectos podrían hacerlas retirar del mercado.
En cualquiera de las fórmulas que se barajen, los dirigentes políticos de las comunidades y ciudades autónomas afectadas deben pactar una unidad de acción y un compromiso de implicación por encima de partidismos y de relaciones bilaterales con el Gobierno central para forzar la toma de decisiones políticas, administrativas y económicas que seguramente habrán de plantearse en una doble dirección: ante Bruselas para abrir margen normativo a actuar sobre el mercado, y ante las propias compañías aéreas para obligarlas, si es desde la cooperación mejor que desde la amenaza, a una solución global, de conjunto y que sea real, eficaz y operativa. Es el momento de los hechos.
