El Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat. Torra se encoge despectivamente de hombros. Hace torreznos con las sentencias y los pronunciamientos del Supremo y se lanza a los perros españolistas. A los cinco minutos las redes sociales llamean con mensajes en los que se insiste en que el franquismo está atrincherado en los tribunales de justicia. El franquismo es para la izquierda y los independentistas, lo que ha sido ETA y el terrorismo para la derecha: una excusa interminable y una acusación sin apelación posible. Ese perverso relato preventivo urdido desde la Moncloa para los próximos años: los tribunales superiores de justicia, no hablemos ya del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, son nidos de fachas que quieren reventar un legítimo Gobierno de la izquierda coaligada. Pero si los magistrados no son progresistas. Si no tienen empatía con los más desfavorecidos. Si no son feministas. Lo que se transmite así es una deslegitimación del poder judicial en su conjunto y una sombra de duda sobre cada juez y cada fiscal. Les molesta sobremanera que se ponga en duda la legitimidad de la victoria electoral del PSOE. Lanzar insinuaciones, en cambio, sobre la legitimidad de los responsables del poder judicial se les antoja perfectamente normal. Ayer el ministro Ábalos insistía en el mensaje: "Van a intentar que no podamos gobernar, pero desde la intimidación que diariamente sufrimos, les decimos que nadie nos va a intimidar". Bueno, o te intimidan o no te intimidan pero si lo hacen precise usted de quién se trata o describa cómo va a impedir la "ultraderecha judicial" la gestión de los intereses generales por parte del Gobierno de España.
Después de lo de Torra, Sánchez ha insistido en que se reunirá con él en los próximos días. Porque estamos llegando a eso: el Supremo ratifica la inhabilitación de Torra como diputado pero el jefe del Ejecutivo español hace caso omiso y lo sigue reconociendo como president de la Generalitat. ¿Por qué? Porque su socio indispensable, ERC, no puede ni quiere seguir negociando sobre el cadáver político de Torra. Nada de esto aliviará la situación catalana. A través o no de la Mesa demandada por ERC entre los dos gobiernos se exigirá una consulta y, como paso previo, inversiones y transferencias y una mayor metabolización de la gramática indepe por el Gobierno central y el PSOE.
De esto no saldrá nada bueno. Gobernar no es firmar un decreto incrementando el SMI o el sueldo a los funcionarios. Eso lo hace un tití lobotomizado. La disolución de cualquier estrategia reformista en un incesante, gelatinoso y adaptativo ejercicio de propaganda, puesta en manos de una combinación de técnico de marketing y Richelieu, representa una renuncia al rigor, a la coherencia y al compromiso político.
