Nos cuesta reconocerlo, pero España es un país con siglos de tradición racista, no solo hacia nuestros propios 'otros' interiores, siempre representados desde el arquetipo más miserable -el gitano ladrón, el judío avaricioso-, también en el tratamiento a nuestros vecinos -el francés amanerado y despectivo, el portugués pretencioso o el moro traidor y taimado-. Las modas civilizadoras del fin del siglo y la promesa de entrar en una Europa entonces tolerante, moderaron nuestro lenguaje público, y tuvimos gitanos diputados, judíos filántropos, franceses humildes y portugueses comedidos. Pero los moros siguen siendo moros en el imaginario colectivo, gente dispuesta a clavarnos un puñal por la espalda mientras nos venden sus pantuflas.
La aprobación por la Cámara de Representantes marroquí de dos leyes que regulan el trazado de las fronteras marítimas del reino alauita ha provocado una unánime respuesta ante la pretensión del moro de invadir nuestro espacio, expoliar nuestra riqueza submarina y pasarse las leyes internacionales por la curva del alfanje. En realidad, no es que Marruecos tenga razón: sus leyes, de consumo interno y destinadas a fijar el control marroquí sobre las aguas saharauis, tienen exactamente la misma legitimidad y reconocimiento internacional que si el Parlamento de Rabat hubiera declarado ser soberano sobre la cara oculta de la luna. Las decisiones unilaterales, en política internacional, valen lo mismo que una cáscara de maní, si no se imponen por la fuerza. Por eso, la reacción de los gobiernos de España y de Canarias (con una declaración institucional que recuerda mucho ese 'sacar pecho' de patio de colegio), resultan tan teatrales como inútiles. Algo hemos mejorado en relación con aquel gobierno capaz de declarar la guerra de Absurdistán y enviar la Armada, para desalojar el islote Perejil: toda la flota de Trillo contra media docena de aterrados gendarmes: la reinvención de patriotismo, en fin.
Desde luego que Marruecos no tiene razón, ni posibilidades de imponerla. Sus autoridades lo saben, como lo saben las nuestras. Pero no es Marruecos el único reino que hace de las suyas con las aguas por política interna: el 30 de diciembre de 2010, Zapatero forzó la aprobación de una ley de artículo único sobre aguas canarias, aprobada previamente por unanimidad en el Parlamento de Canarias, que establecía -por exigencia del grupo canario, necesario para aprobar los presupuestos- el trazado del contorno perimetral que delimitaba las aguas de las islas. Una disposición adicional de la ley dejaba clara su absoluta inutilidad: "el trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias, tal y como están establecidos por el ordenamiento jurídico español, en virtud del Derecho Internacional vigente".
Desde entonces hablamos de las aguas canarias, reconocidas incluso en nuestro último Estatuto. Desde un punto de vista internacional, ni existen ni han sido jamás reconocidas. Son también, nuestra soberanía de juguete sobre la cara oculta de la luna?
