La realidad cambia de manera progresiva y exponencial y, lo que ayer fue realidad incontestable, hoy es cuestionado y mañana sustituido o reimpulsado.
Pero todo debe ser proporcional. Y el problema de los sobrecostes del combustible en las islas no capitalinas es real pero las soluciones no vienen de la mano de los distribuidores comerciales, a los que se les culpa de algo, cuya solución está fuera de su alcance.
Un distribuidor canario de combustibles compra su producto a por mayor y lo almacena en sus instalaciones logísticas, previo pago del transporte desde el origen, así como los impuestos a la importación y prever en sus costes iniciales de los impuestos autonómicos que rondan el 50% de su precio.
Si el consumo se abastece en Tenerife o Gran Canaria, generalmente se distribuye en cubas especiales hasta la gasolinera y allí se vende bajo demanda a quien lo necesite.
Si el consumo es en las Islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura, hay que añadirle los costes de transporte interinsular, infraestructuras de redistribución en esas islas, costes de seguridad, camiones y personal en esa isla, cuya economía de escala positiva es casi imposible, en un mercado de bajo consumo y alta infraestructura y coste sin ayuda pública.
Es un hecho que los combustibles son más caros en esas islas no capitalinas y ahora toca buscar una solución para los consumidores y no para los distribuidores, bien bajando aún más los impuestos para esas islas, bien aprobando ayudas al transporte para gasolina y gasoil, tanto nacional como autonómico, y mejorando la competencia en la distribución para que el mercado vaya ajustando los precios.
Es una oportunidad que aún no esté definido el coste de la doble insularidad de Canarias para negociar con el Estado la mejor manera de solucionar este problema.
