La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, apenas medio año después de su llegada al cargo, se está desayunando con un problema que realmente no es solo de ella, sino que afecta a toda la administración autonómica. La cifra de trabajadores públicos que se encuentra en situación de temporalidad es astronómica. Existen normas que garantizan la libre concurrencia a las plazas pública que, además, están limitadas por la exigencia de que estén efectivamente creadas -y económicamente reflejadas- en los presupuestos. Y sin embargo hay miles de trabajadores que llevan años desempeñando funciones en un puesto al que, si sale a concurso, se tendrían que presentar a oposición.

Es un hecho que si cualquier empresa privada cometiera las irregularidades que son una regla en la administración, sería carne de sanción de la Inspección de Trabajo. Pero el que vigila no se vigila a sí mismo. Es una doble vara de medir que todo el mundo ha admitido con naturalidad, por más que sea incomprensible.

Los sindicatos quieren que los trabajadores interinos y temporales tengan un derecho automático para acceder a las plazas en las que están. Y la ley no lo permite. Pasa en Sanidad, en Educación y en todos los departamentos del Gobierno. Luego nos encontramos ante un conflicto de muy difícil solución que solo puede acometerse desde una especie de "ley de punto final", una convocatoria extraordinaria que resuelva de alguna manera esta circunstancia anómala. Las Ofertas Públicas de Empleo, a las que se pueden presentar ciudadanos de toda España, priman con ciertas ventajas a los temporales, pero no les garantiza un acceso automático a sus empleos, que es lo que se pretende.

En clave política, el asunto tiene otra lectura. Dentro del pacto de Gobierno hay fuerzas políticas que sienten preocupación por la deriva de conflicto social que amenaza a los colectivos de Sanidad y Educación, que son los más numerosos. Y han transmitido a Torres la posibilidad de remover los equipos en ambas áreas, porque se trata de un nicho electoral muy relevante. Pero no es casualidad que estas dos áreas estén en manos del PSOE. Lo que se está escenificando es la supuesta debilidad del propio equipo del presidente ante el resto de los partidos del pacto de las flores. Nunca hay nada inocente en la política.

El ex consejero de Sanidad del anterior Gobierno, José Manuel Baltar, logró una paz laboral insólita en el área y realizó una excelente gestión. Para determinar un balance de la que haga esta nueva dirección hace falta aún algo de tiempo. Pero el tiempo, en el universo político, es una dimensión relativa. No lo es que la Comunidad Autónoma tenga que plantearse de una vez y para siempre una salida razonable para los interinos y temporales a los que paga una nómina desde hace años a través de fórmulas de contratación inadmisibles en cualquier otra actividad económica en nuestras islas. Hay trabajadores que llevan dos décadas en una situación de provisionalidad inaceptable sin que nadie le haya puesto remedio. Bueno, pues ya va siendo hora.