La presidenta del sindicato médico, Carmen Nuez, resultó demoledora al asegurar ayer que tanto la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, como su equipo "no tienen ni idea de gestión sanitaria, porque nunca han trabajado para la Sanidad o en Sanidad". Probablemente haya sido esa inexperiencia la que provocó el adanismo de la consejera al hacerse sorpresivamente con el puesto al que no estaba destinada inicialmente en la repesca del reparto de canonjías gubernamentales. Cruz llegó a la Sanidad con la intención -o la instrucción- de hacer machuca y limpia con la herencia del anterior consejero, José Manuel Baltar, y parece haber dedicado más tiempo a cargarse lo que hizo su predecesor que a mejorarlo.

La historia del recurrente conflicto entre médicos y políticos en la Sanidad pública es muy antigua, tiene que ver con la transferencia mal dotada de las competencias, la falta de financiación y muchos otros motivos, pero lo que terminó por convertir a la Consejería en un nido de conflictos tiene un origen netamente político y se produjo hace ahora algo más de tres años, cuando el socialista Jesús Morera, consejero de Sanidad del Gobierno de Clavijo, se convirtió en el centro de una agría polémica entre el PSOE y Coalición sobre su incapacidad para reducir las listas de espera. Esa polémica se agravó y generalizó a todos los asuntos sanitarios a lo largo de varios meses, y acabó por provocar la expulsión de los socialistas del Gobierno regional, además de la radicalización imparable del enfrentamiento entre Coalición y el PSOE en las islas, y el inicio de un cambio de ciclo político que llevaría al desalojo de Coalición del poder regional, hace ahora unos meses.

El antecedente de aquello fue el asirocamiento de Clavijo por la escalada de las listas de espera, a pesar de las inyecciones de recursos reclamadas -y obtenidas- por el consejero. Cuando Morera y los socialistas dejaron el Gobierno, el tiempo medio de espera en intervenciones quirúrgicas se situaba por encima de los 180 días y era uno de los más altos de España. Clavijo se comprometió públicamente a reducirlo y reducir el número de personas en espera, y colocó en Sanidad a José Manuel Baltar, un experto en gestión de hospitales, considerado hasta aquel momento ideológicamente próximo al PSOE (trabajó para la administración de Saavedra y es amigo personal de José Miguel Pérez), que fue fichado por Clavijo cuando curraba para los clínicas privadas. En esa etapa como gestor de la sanidad de pago, Baltar había alardeado de poder acabar con las listas con una muy discreta inyección de recursos, que fijo en el entorno de unos 16 millones de euros, un minúsculo chorrito de agua en el proceloso pantano del gasto sanitario en las islas, que es de 3.000 millones. Baltar tuvo que tragarse sus palabras, porque no logró ni siquiera acercarse al objetivo declarado, pero demostró ser un tipo perseverante: en los dos primeros años al frente de la Sanidad pública, y con la ayuda de una inyección muy superior a los 16 millones, logró reducir en 42 días el tiempo medio para ser intervenido, y también el número de personas en espera de serlo. Aunque los últimos datos oficiales aún no se han hecho públicos, todo apunta a que esa situación ha empeorado, y existe una aplastante unanimidad entre los médicos, sanitarios y profesionales del sector al señalar a la Consejera como responsable. La consejera se defiende con informes en los que se presentas a los médicos como gente preocupada sólo por ganar mucho y trabajar lo justo. Así es normal que haya puesto a los médicos y sanitarios en pié de guerra. Y sin ellos es imposible hacer nada: no puede dirigirse la Sanidad pública como si fuera un cuartel.