Estaba Carles Puigdemont por Waterloo, mucho después de Napoleón, y andaba la cosa revuelta por España. Era noviembre del año pasado. Estábamos entre elección y elección y a Pedro Sánchez le tenían bastante cabreado las declaraciones del gurú de la legolandia republicana. Y en eso que se va a la radio, se le calienta el pico y suelta una promesa solemne: traerá a Puigdemont "de regreso a España, para ser juzgado por sedición y malversación de fondos, como el resto de líderes del procés".

Como se supone que él no iba a ir a buscarlo para traerlo agarrado de las orejas, el periodista le preguntó cómo estaba tan seguro. La respuesta fue de las que no se olvidan: porque los jueces estaban en ello y el Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, también. Ante las dudas planteadas por los independentistas de que su Gobierno pudiera detener al prófugo, se preguntó en voz bastante alta: "¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?". A lo que el periodista le soltó: "del Gobierno". Y, tachán, tachán, Sánchez remató : "Pues ya está".

Pues no estaba, porque se lió la de la pata de un romano. Los fiscales se subieron por las paredes y la Justicia, conmocionada, se subió la venda para taparse el ojo con el que siempre mira de estranjis la balanza. ¿¡Cómo se podía poner en duda la prístina, inquebrantable y rigurosa independencia e imparcialidad de la Fiscalía!? Y de paso de la propia Justicia española. ¡Hombre por dios!

Tantos chuzos le cayeron al candidato Sánchez que a pocos días de las elecciones tuvo uno de esos gestos que honran a cualquiera que sea honrado: en una entrevista en su pantalla amiga de televisión dijo que la Fiscalía realmente es autónoma e independiente. "No fui preciso, son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. A veces no se es preciso". Una disculpa en toda regla que saldaba lo que se había considerado, casi universalmente, un patinazo.

Pero hete aquí que tenemos nueva noticia. Pedro Sánchez tiene previsto nombrar fiscala generala del Estado -o como se diga- a la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Que por cierto era fiscala antes de ser ministra. ¿Qué van a decir sus socios de Gobierno de una profesional que se va del trabajo, entra como Notaria Mayor del Reino al Ministerio que lleva la política de organización de la Justicia -de la que ella es empleada- y sale para ser nombrada para el máximo puesto de su vida laboral? ¿Esa no es la madre de todas las puertas giratorias?

Los jueces se escandalizan, pero llueve sobre mojado. Ya hubo en 1986 -cuando lo de la cal viva, Pablo- un ministro socialista llamado Moscoso que salió zumbando hacia la Fiscalía. Hay mucha hipocresía en esta democracia pitiminí. Y Pedro Sánchez fue sincero el año pasado, cuando, por cansancio veritas, nos aclaró cómo la política influye en la Justicia. Pues ya está. Controlado lo de Cataluña. Vamos a dejarnos de mariconadas, que diría la nueva fiscala.