Los hay que se escandalizan y rasgan las vestiduras por el informe de la Abogacía del Estado que establece que mientras no concurra una expresa declaración de incompatibilidad y anulación de su mandato como parlamentario europeo, Junqueras es sujeto del privilegio de inmunidad que tienen los miembros del Parlamento de Estrasburgo y, por tanto, debe ser autorizado a asumir su cargo, y a ejercerlo, hasta que el Parlamento europeo acepte la suspensión de la inmunidad, como consecuencia de una petición del Supremo.
Entiendo a quienes se ofenden por este nuevo informe de la Abogacía, que -por cierto- coincide en absoluta coherencia con su primer informe, en el que se instaba a permitir la toma de posesión de Junqueras con los mismos argumentos.
Pero que entienda el enfado de los ofendidos no quiere decir que tengan necesariamente razón. De hecho, mi opinión es que la posición de la Abogacía no sólo es defendible, sino además es la correcta. Es cierto que no coincide con la de la Fiscalía, pero es que ambas no tienen por qué coincidir. Normalmente, los abogados y fiscales no comparten sus argumentos e interpretaciones, excepto si los abogados son los de la acusación, y no es el caso.
La indignación desatada, con comentarios ridículos calificando de "traición" y "entrega" el informe de la Abogacía, es fruto de una concepción que considera que las instituciones dependientes del Estado tienen que responder al criterio del Gobierno. A veces lo hacen, y en esta ocasión es más que evidente que ha sido así, pero en Derecho no tiene por qué ocurrir de esta forma en absoluto. La Abogacía no está para dar la razón al Gobierno sino para defender el Estado de Derecho, y en Derecho caben interpretaciones distintas, y aún así legítimas y bien fundamentadas.
Tendemos a creer que el Derecho debe resolver los problemas que crea la política. Es absurdo: el Derecho no puede ni podrá resolver nunca la brecha nacional, política y social que ha abierto el procés. Los políticos (primeros los del PP, en un sentido, y ahora los socialistas, en el sentido contrario) han intentado que los jueces y tribunales resuelvan su incapacidad para hacer frente a un conflicto político, que tendría que haberse resuelto políticamente. Ojo, no sólo con negociación política, sobre todo adoptando decisiones políticas, con coraje, habilidad y buscando el consenso de las mayorías. En este país los políticos no supieron o quisieron hacer lo que les tocaba hacer y le endosaron la solución del problema al Derecho y sus intérpretes.
Pero los jueces no están para resolver los problemas. Están para aplicar las leyes en un marco y un contexto concreto que convierte a los tribunales europeos en parte de nuestro propio sistema legal de garantías. Un sistema en el que cada cual hace la tarea que se le encomienda en el procedimiento: la Abogacía informa una cosa, y la Fiscalía otra. Y el Supremo decide lo que tiene que hacer con esos informes.
Cuando lo haga, podría ocurrir que sean otros (o no) los que se endemonien con lo que el Supremo decida hacer en relación con Junqueras.
Y es que aquí solo creemos en el Estado de Derecho cuando el Estado de Derecho nos da a nosotros la razón.
