En una recordada intervención Barack Obama replicaba a un político de la oposición que insistía en el que respetase su opinión sobre este u otro asunto: "Usted tiene derecho a tener sus propias opiniones, por supuesto; a lo que no tiene derecho es a tener sus propios hechos". Los hechos se han convertido en algo absolutamente irrelevante. En el mejor de los casos resultan otra excusa para la agresión, la ridiculización o la destrucción del adversario. Por ejemplo, el hecho político más destacable, en la actualidad de este país, es que el candidato a la investidura presidencial -que lleva en funciones desde el mes de abril nada menos, siempre por culpa de todo el mundo, menos de Pedro Sánchez- depende de la voluntad de un dirigente condenado en firme a 13 años prisión por sedición y malversación de fondos en concurso medial de delitos. Eso es un hecho, un simple y puñetero hecho, y sería un escándalo democrático si cientos de políticos, varias maquinarias propagandísticas bajo la dirección de incansables aprendices de brujo y una escudería de medios de comunicación afines no se dedicaran a normalizar retóricamente la situación, desde una diputada que frivoliza las presiones sobre la Abogacía del Estado -ah, y aquellos que nombran jueces y magistrados qué- hasta un periodista que por enésima vez insiste en que todo lo ocurrido en Cataluña fue una gigantesca y a la vez grotesca broma de los independentistas, un puro vacilón, humo de tramoya, ganas de epatar, por lo que es inadmisible que Oriol Junqueras y sus compañeros sigan presos.
Los próximos días van a ser espeluznantes. El viernes 3 de enero la Junta Electoral Central decidirá si puede y debe actuar contra Quim Torra, condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha recurrido al Tribunal Supremo. Si la JEC entiende que cabe retirarle el acta de diputado aunque no se exista una sentencia firme es sumamente improbable que ERC se atreva a posibilitar la investidura de Pedro Sánchez. La JEC está integrada por ocho magistrados del Tribunal Supremo, cinco catedráticos de Ciencias Políticas y el secretario general del Congreso de los Diputados. Los más maliciosos afirman que en las conversaciones entre PSOE y ERC no solo se habla mucho del informe de la Abogacía del Estado, sino también de la decisión final de la JEC. Porque ambas resoluciones podrían arruinar la investidura si no se ajustan a los deseos y anhelos de ERC, no a los principios objetivos del Derecho.
Si finalmente se llega a la investidura Sánchez deberá seguir cediendo. Por supuesto que lo hará desde un punto de vista económico-financiero en los próximos presupuestos generales del Estado. En los fallidos presupuestos de la primavera pasada, la inversión directa del Estado en Cataluña crecía un 52%, hasta alcanzar los 2.051 millones, a los que se sumaban otros 200 millones vía transferencias. La puja será mayor ahora, pero, sobre todo, ERC quiere que Pedro Sánchez solemnice en sede parlamentaria una mesa de diálogo de igual a igual entre el Gobierno español y el catalán y que se refiera al derecho de los catalanes a expresar sus preferencias en su vinculación con el Estado español. De una u otra manera: que el jefe del Gobierno español reconozca -a través de cualquier milagro filológico- el derecho a la autodeterminación. ¿Los hechos? Estos son los hechos: la veloz erosión de las instituciones del Estado y el finiquito de los intereses generales.
