El chavismo quiere impedir a toda costa que Juan Guaidó revalide su cargo como presidente de Venezuela el próximo 5 de enero, cuando ha de ser votado por la Asamblea de la República.

En el contexto del sainete político en que se ha convertido la crisis venezolana, con dos presidentes, dos gobiernos y dos administraciones, una con efectivo mando en plaza y otra con un poco eficaz reconocimiento internacional pero sin mando ni poder real, los intentos maduristas por evitar la reelección de Guaidó no serían más que otro chusco episodio de este culebrón caribeño, si no fuera por lo que suponen de peligro efectivo para algunos de los diputados opositores. Maduro ha desatado una operación de hostigamiento contra la oposición, encarcelando a varios diputados, ha logrado que muchos más huyan del país, ha asustado a otros y finalmente ha sobornado a algunos más en divisa contante y sonante, para evitar así que Guaidó cuente con una mayoría legitimadora suficiente para seguir asumiendo la Presidencia interina.

A pesar de esos intentos, el grupo de diputados que apoyan a Guaidó sigue siendo mayor que el de los que se organizan en torno al chavista Partido Socialista Unido de Venezuela: Guaidó cuenta aún con 93 diputados de la Cámara, frente a los 51 escaños del PSUV, pero para que la Asamblea pueda proceder a respaldar su Presidencia debe contar con un quórum de 84 diputados, la mitad más uno de los 167 que integran la Asamblea, y no está claro que ese quórum se logre, porque los chavistas no asistirán a la sesión parlamentaria, y del grupo que respalda a Guaidó hay 27 diputados exiliados, otros 27 enjuiciados por distintas acusaciones, básicamente por supuestos delitos de corrupción y dos más -Juan Requesens y Gilber Caro-, se encuentran apresados en las cárceles del régimen.

El esfuerzo de la mesa de la Asamblea por sortear la ausencia de quórum, permitiendo a los exiliados votar por correo, parece haberse estrellado contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que controla el chavismo, de impedir que el quórum se consiga con los votos del exilio.

El objetivo de Maduro ya ha sido adelantado por sus aliados: se trata de declarar que la Asamblea no existe, está muerta, es un organismo "invisible" sin peso ni legitimidad, y lograr así que la comunidad internacional no tenga a quien apoyar en la guerra civil de baja intensidad que hoy desgarra Venezuela en dos bandos absolutamente irreconciliables.

La apuesta de Maduro es clara: impedir que el Parlamento de Venezuela pueda seguir sosteniendo la oposición política al régimen bolivariano. Un régimen que dieciocho años después del triunfo de Hugo Chaves ha colocado al país a la cola del crecimiento económico y a la cabeza del desprecio de los derechos humanos. Y del hambre, la pobreza y la desesperación de la gente de Venezuela.