Ha caído un viejo mito, por el que la presión fiscal en España, que mide el peso entre los ingresos tributarios y las cotizaciones sociales sobre el producto interior bruto, no llegaba a la media de la OCDE, ya superada por España en 2018.

Hemos consolidado una subida de siete décimas en 2018, alcanzando un 34,40% del PIB, estando por encima, en cuanto a presión fiscal, de Reino unido (33,5%). En cuanto al IRPF español, éste representa un 6,9% del PIB frente al 9,7% de la OCDE y las cotizaciones a la seguridad social representan en España un 11,2% frente a un 7,3% de la OCDE.

En conclusión, para tocar los impuestos al alza debemos conjugar tanto los impuestos directos e indirectos como las cotizaciones a la seguridad social, como una bolsa fiscal completa. Cualquier otro marco presupuestario que contemple un incremento fiscal puede tener consecuencias a corto plazo en el empleo y a competitividad de las empresas.

Así, los datos registrados del paro en noviembre, reflejan el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional, por lo que la calificación de éxito económico ha pasado a unas "correcciones" en el empleo de empleadas de hogar y trabajadores de baja cualificación que, precisamente, son a los que más se les ha actualizado el sueldo proporcionalmente, sin tener en cuenta un subida proporcional de sus ingresos.

De los que mantienen el empleo, un análisis en profundidad, refleja que, si bien la renta disponible de los hogares está creciendo, las familias ahorran un 60% de la subida salarial y reducen el gasto en bienes del hogar, debido al repunte de la incertidumbre económica y a la precaución que les lleva a apretarse el cinturón.

Esta situación contagiará en breve a la empresa industrial, comercial y de servicios, en una segunda derivada que, ante la bajada de sus pedidos y perspectivas a corto plazo, ajustarán el empleo y sus resultados a la precariedad del mercado.

La presión y el esfuerzo fiscal de familias y empresas debe ser proporcional a su capacidad de renta disponible y a la sensación de justicia presupuestaria pues, tomar decisiones al alza cuando la bajada de impuestos del 7 al 6,5% en el IGIC aprobadas anteriormente, da frutos en este escenario presupuestario canario, aumentando la recaudación en siete millones más que el año pasado hasta los 1.336 millones de euros la recaudación del IGIC piden una reflexión.