A veces parece que la cuestión del desgarro territorial que vive España es una cuestión de pura semántica. El líder del Partido Socialista de Cataluña, ese gran error que Alfonso Guerra dijo una vez que había que liquidar, Miquel Iceta, ha dicho que en este país hay en realidad nueve naciones. Y se ha quedado tan pancho, a lo ancho. Lo de Iceta es como intentar liquidar la pobreza diciendo que en realidad los pobres son ciudadanos con ingresos insuficientes. Cambiar el nombre no cambia la cualidad de las cosas.
En realidad, el problema no es la terminología, sino el fundamento jurídico. El asunto no es que Cataluña se sienta nación, mamífero u ornitorrinco, sino lo que subyace detrás de ese propósito, que es configurarse con la soberanía de un país independiente. O sea, ser una república, con sus propios órganos de gobierno, su pueblo soberano, sus cuentas y sus fronteras. Establecer que tan solo se trata de una cuestión del nombre del collar del perro es una memez incalculable.
Estamos a las puertas de unos momentos decisivos en la historia de España. Tan decisivos como cuando en la Constitución de 1978 se lio parda con la cuestión de las "nacionalidades"; el nombre que se dio a la estructura federal de las Comunidades Autónomas y al modelo de autonomía territorial con el que los españoles pudieron tirar cuarenta años pensando que se había resuelto el problema de la convivencia.
Lo que estamos viviendo ni es nuevo ni tiene fácil solución. Es la vieja pulsión de Cataluña -con el País Vasco detrás- instando a la ruptura del actual modelo de Estado para sustituirlo por otro constructo en el que los pueblos soberanos de España se configuren como Estados independientes el uno del otro. O sea, la liquidación del régimen de 1978, de la Constitución y de la Monarquía Parlamentaria con la que hicimos la transición y la modernización del país.
Lo que se debate, por lo tanto, no es cómo accede al poder Pedro Sánchez, sino a qué precio. Y la realidad no puede ser más preocupante, porque una parte importante del Congreso de los Diputados está formada por representantes electos de ciudadanos que están apoyando, de una manera o de otra, la liquidación constitucional. Y tras el espejismo de la aplicación del 155 en Cataluña -un hecho sin precedentes en la Europa moderna, como ha señalado Mariano Rajoy en una entrevista póstuma- la realidad es que el secesionismo no solo no se ha replegado en sus posiciones, sino que sigue buscando la manera de ganar ese pulso de todo o nada que le está echando a un Estado debilitado por las disensiones de los partidos constitucionalistas.
El régimen de permisos carcelarios para los políticos presos o la exigencia de "un gesto"claro de Sánchez que permita a Esquerra vender su apoyo a la investidura son flores de un mismo jarrón. Porque lo que se está ventilando ahora no es si hay Gobierno, sino si va a ser el Gobierno de España o de otra cosa.
