Que dice el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias que hay que recuperar los 500 millones del Convenio de Carreteras, pero también los 440 de lo conveniado y no ejecutado y los 60 de la adenda de 101 millones de 2017. Unos mil millones más o menos, más del 10% del monto de los presupuestos generales que el parlamento debatirá este mes. Mil millones y dos huevos duros. Por supuesto, se exigirán al Gobierno español que se conforme próximamente, "sea del signo que sea". Si no hay Gobierno -y no es demasiado improbable que tal cosa ocurra- cabe imaginar que se exigirá la feliz millonada al Gobierno que surja de las terceras elecciones generales, por supuesto, sea del signo que sea, grrrrrr.
Vivimos instalados en una ficción poliédrica, irresponsable y fatal. Hacemos como si existieran presupuestos, como si estuviera garantizada la legislatura, como si el próximo Gobierno fuera a cumplimentar las exigencias canarias en plena desaceleración económica y con un cheque catalán muy gordo para seducir a los independentistas de ERC. Un comisiqueísmo que no sabe si le espera susto o muerte en los próximos meses. El proyecto presupuestario para 2020 -tal y como ha reconocido el propio Román Rodríguez- se ha diseñado en la penumbra informativa que supone la carencia de unos presupuestos del Estado que quizás estén aprobados en la próxima primavera, o quizás no. Lo mismo ha ocurrido con todas las comunidades autonómicas. Una interinidad que se eterniza grotescamente y que impide hacer política, porque a las limitaciones, corsés y amenazas del nuevo capitalismo financiarizado y a las obligaciones económicas y fiscales de la UE hay que añadir la incapacidad mercachifle de las élites políticas españolas de garantizar la gobernabilidad. Un país política y legislativamente bloqueado paga un precio económico cada vez más elevado y peligroso a medida que se prolonga la interinidad en las instituciones, especialmente cuando padece algunos desajustes relevantes, como una deuda pública que se eleva al 98 % del PIB, un déficit público del 2,3%, un desempleo cuya media supera el 14% (en Canarias más de un 21%), una pauperización de las clases medias que no se ha detenido y una despiadada precarización de las condiciones laborales.
Alguien podría pensar que en este contexto lo mejor es, en efecto, lo que tenemos: un Gobierno comprometido a aumentar -modestamente en casi todos los ámbitos- el gasto social pero que renuncia de facto a impulsar o incentivar cualquier cambio estructural en el sistema económico canario y en el ecosistema empresarial. Un Gobierno mediocre pero de buen corazón. Otros creemos que no, que cada año, cada mes en que no se promueven transformaciones basadas en amplios consensos en un peligro. Un brillante economista isleño, David Marrero, hoy director general de Investigación en el Gobierno autonómico, ha recordado que el amplio desempleo cronificado en Canarias y la baja renta por habitante se enraíza en la baja productividad y en el patrón de especialización de la economía canaria: "No procurar un cambio estructural en la dirección adecuada a significa seguir apostando por el mismo patrón de especialización (...) amenazando gravemente el potencial del crecimiento de Canarias".
