La historia de Las Teresitas es un despropósito. Todas las playas urbanas de España, del mundo y de la galaxia, colindan con una línea de edificaciones. Pero aquí se lio parda cuando se anunció que se iba a edificar en unas laderas de la playa, que siguen siendo hoy una reserva mundial de basura y hierbajos varios.

Las Teresitas existen hoy porque unos empresarios, allá por los años sesenta, se comprometieron a hacerla -cometiendo por cierto un monumental atentado ecológico- a cambio de unos derechos edificatorios. El sueño de levantar grandes hoteles en el frente se convirtió en una pesadilla jurídica que acabó en el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento ya no quería que se levantaran las moles de cemento planeadas.

Entonces se formó el cóctel molotov. Unos empresarios avispados recibieron una información privilegiada. Les adelantaron -alguien, qué se yo, un tipo listo con buena información- que el Tribunal Supremo le iba a dar la razón a la propiedad en su pleito con el municipio. Y que les iban a permitir construir, finalmente, unos ciento ochenta mil metros cuadrados.

Esos nuevos empresarios -Plasencia y González- vieron su oportunidad. Compraron los terrenos, aún sin conocerse la sentencia, por 32 millones. Y luego, cuando la justicia les dio la razón, negociaron con el municipio su venta por 92 millones. Y para favorecer la operación se montaron algunas manifestaciones en donde la buena gente pedía "una playa para el pueblo", como si los edificios se fueran a construir sobre las toallas y la arena y no en las horrorosas laderas.

La polémica compraventa fue anulada después, precisamente por el Supremo. En pura teoría, el municipio tendría que haber devuelto los terrenos y los vendedores haber reingresado el dinero -y los intereses- en las arcas municipales. Pero, por el camino, el comprador había alterado lo que había comprado. Con el nuevo planeamiento ya no es posible construir en la zona. El Ayuntamiento, como propietario del suelo, había reformado sus criterios y había eliminado el derecho a edificar. Ese pequeño detalle complica mucho la cosa. Porque si unos debían devolver el dinero que habían cobrado indebidamente, otros no podían devolver, en sus condiciones originales, el bien que habían adquirido ilegalmente.

Y en esa estamos. Santa Cruz compró un coche y solo lo puede devolver sin ruedas ni motor. Y los empresarios -condenados por la vía penal- luchan por lo civil y se niegan a dar las perras si no se les devuelve lo que vendieron, tal como lo vendieron. La noticia del embargo de varias propiedades de Antonio Plasencia muestran la voluntad de los actuales dirigentes municipales de garantizarse el dinero que salió de las arcas públicas. Pero ahí detrás sigue la inconsistencia de que lo que se compró ya no existe.

Si el frente de playa se hubiese construido, Santa Cruz tendría una zona residencial y de ocio espectacular. Como Las Canteras. Pero aquí dejamos que el puerto nos quitara el mar sin mover una pestaña y hemos montado la de dios es cristo por un frente de playa. Qué raritos somos.