Más allá de las penas impuestas a los seis autores probados de la malversación y prevaricación del caso Las Teresitas (la investigación obvió probar la existencia de cohecho), la ciudad de Santa Cruz de Tenerife tiene la obligación de intentar resarcirse de los daños causados a su patrimonio por la compra de los terrenos. La decisión de la Audiencia de embargar dos inmuebles propiedad de una empresa de Antonio Plasencia puede considerarse un éxito de las gestiones realizadas por las autoridades municipales en los últimos años: la alcaldesa Patricia Hernández se ha atribuido el protagonismo de este resultado, que en realidad tiene varios impulsores reconocidos. La alcaldesa actual recoge el resultado de una petición de devolución de los cuartos instada en el pasado por el alcalde Bermúdez, y que ella se atribuye ahora: eso es política.
Pero lo que de verdad debiera preocupar a la actual alcaldesa, al anterior alcalde, y a todos los que se arrogan la paternidad de este éxito es si servirá realmente para conseguir la efectiva devolución del dinero desembolsado por los terrenos -más de cien millones de euros, si se incluyen los intereses-, un dinero hoy pendiente de que se diriman los embrollos de la causa civil sobre la compraventa.
Porque, al margen de la sentencia que condenó a Zerolo, la historia es más complicada de lo que parece: el Ayuntamiento pagó noventa millones a la sociedad de Plasencia y el fallecido Ignacio González -Inversiones Las Teresitas- por unos terrenos que habían sido adquiridos por sólo treinta, con un crédito concedido por CajaCanarias, solo tres días antes de que una sentencia -también del Tribunal Supremo- estableciera derechos edificatorios por más de 180.000 metros cuadrados en el frente de playa, que pasó a valer alrededor de 350 millones. El origen del pelotazo está en esa decisión de compra, producida tras una filtración no desvelada que adelantó a los empresarios la decisión del Supremo.
El Ayuntamiento ha exigido la devolución del dinero que pagó, y por eso se han embargado las propiedades de Plasencia, pero? es de suponer que, si Plasencia devuelve el dinero, será a cambio de recuperar los terrenos vendidos, o al menos la parte de ellos sobre los que no hay duda de que eran de propiedad privada. Pero los terrenos no valen ahora ni la décima parte de lo que valían cuando los compró el ayuntamiento. Con suerte, su valor será similar al valor por el que fueron adquiridos por Plasencia y González a la Junta de Compensación, porque después el Ayuntamiento modificó su calificación urbanística y ahora los terrenos no son edificables. Batallar esas complejidades es la tarea de los abogados de Plasencia para evitar tener que desembolsarle al municipio una fortuna. Y es de suponer que van a pelear con uñas y dientes.
La exigencia de la alcaldesa de que el dinero se restituya en un plazo máximo de una semana parece, por tanto, un poco ingenua. O no. Patricia Hernández no es precisamente una ingenua. Quizá su exigencia sea fruto de un conocimiento adelantado sobre lo que van a decidir los juzgados en la causa civil que enfrenta al Ayuntamiento y los propietarios. Y es que -en este asunto- de Las Teresitas, todo empezó de la misma forma que podría acabar: con una filtración.
