28 de noviembre de 2019
28.11.2019

Un compromiso de todos

27.11.2019 | 23:40
Un compromiso de todos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con su alcaldesa, Patricia Hernández, a su cabeza, consiguió ayer un indudable éxito con la decisión de la Audiencia Provincial de embargar dos propiedades de las que consta como titular una empresa de Antonio Plasencia, empresario condenado, junto al fallecido Ignacio González Martín, en el caso de Las Teresitas: a las penas de prisión se le sumó la obligación de devolver a las arcas municipales los más de 100 millones de euros que se les abonó por sus terrenos. Sin embargo la vertiginosa prisa de la alcaldesa por anunciar el embargo de los dos inmuebles de Plasencia -convocó una rueda de prensa urgente con un par de horas de plazo- no se condice con la elemental prudencia que un responsable político debe asumir al tratar de asuntos judiciales -singularmente complejos y que no se resolverán mañana-.

El auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial comprende una medida cautelar de embargo preventivo de ambas fincas y de los fondos y rentas de alquiler devengados a favor de la entidad Carlacand SL, propiedad de Plasencia, pero tal vez no solo de Plasencia. También convoca a las partes interesadas: el plazo para que el embargo preventivo pase a ser definitivo puede prolongarse meses e, incluso -esperemos que no- varios años, porque es harto improbable que los abogados de Plasencia se queden quietos. Insistir en que basta con mandar cuatro cartas a la Audiencia Provincial con membrete municipal para que empiecen a recuperarse las perras es transmitir un mensaje erróneo a los vecinos, es instalarse en un afán propagandístico que terminará por generar una creciente frustración entre los ciudadanos, sin excluir, más bien lo contrario, a los votantes socialistas. Simplemente, así no funciona la administración de Justicia, y cabe suponer que Patricia Hernández y sus compañeros lo saben. Como saben que el anterior gobierno municipal también realizó gestiones frente a la Fiscalía para la ejecución de la sentencia una vez que resultó firme, una condición que le trasladaron a Bermúdez los servicios jurídicos municipales. Es perfectamente documentable que el anterior alcalde transmitió la información disponible al juzgado y se sumó a la solicitud de medidas cautelares por la Fiscalía, promoviendo instrucciones a tal efecto a la asesoría jurídica del ayuntamiento santacrucero. Y esto no supone ningún demérito de la alcaldesa, que reimpulsó e intensificó el trabajo de los técnicos municipales con nuevos requerimientos a la Audiencia Provincial. Por lo visto hay que insistir en que el Tribunal Supremo no dictó sentencia firme sobre el caso Las Teresitas hasta el pasado 28 de marzo, apenas dos meses antes de las elecciones municipales que desembocaron, a través de un acuerdo a tres bandas, en la designación de Patricia Hernández como alcaldesa.

Lo mejor sería una declaración política conjunta de todos los partidos con representación municipal que genere un compromiso explícito y concreto para la recuperación del dinero de compraventa de Las Teresitas. Un compromiso que incluso establezca una metodología básica de trabajo y que abandone la partidización de las gestiones judiciales que la corporación deberá afrontar en los próximos meses y años. Para que lo tengan claro los vecinos, pero, sobre todo, para que los que deben todavía decenas de millones a los santacruceros sepan que no existen divisiones ni rendijas políticas por donde puedan escurrirse.

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