De veintiséis años y nacida en León, saltó de su anonimato en el populoso barrio de San Isidro, Granadilla, a la triste fama de ser la víctima número 62 de la violencia machista en 2019, degollada por su compañero en la mañana del lunes; y porque su sangre, aún caliente, aceleró las manifestaciones celebradas esa tarde en las calles canarias y españolas que pidieron más, y más duras, medidas contra esta lacra social y afearon sin tapujos el comportamiento de la crecida ultraderecha que la niega y traviste, con datos falsos y alegatos peregrinos, en las instituciones donde están presentes.
La terrible contabilidad de mujeres asesinadas se inició el 17 de diciembre de 1997 en Cúllar Vega, provincia de Granada, donde Ana Orantes -que había denunciado en Canal Sur malos tratos de su exmarido días antes- fue quemada viva. Desde entonces, la sociedad enfrentó la violencia de género con claridad y decisión y sus crímenes salieron de la esfera privada para ser el eje de un debate que, con lamentable retraso, cambió el Código Penal y aprobó once años después, en 2004, una ley integral que, como tantos otros avances democráticos, quieren abolir los nostálgicos del franquismo.
Con amagos y ensayos previos, y de distinto signo, en Andalucía y la capital del estado, en el Día Mundial contra la Violencia de Género, por la exigencia de unanimidad, Vox dinamitó las declaraciones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y esa onda ultra se extendió a las ocho autonomías y los trescientos municipios donde apoyan y, si pueden, condicionan a la entente del Partido Popular y Ciudadanos.
En unas circunstancias temporales y políticas necesitadas de diálogos y consensos, la airada y vieja derecha - y no hay dudas de ubicación en cuanto fue felicitada calurosamente por las fuerzas populistas y xenófobas de Europa - planta un desafío machote en un tema sensible. En el agitado 2017, la voluntad de solucionar el problema unió a todos los partidos democráticos pese a sus diferencias y tensiones. Ahora, manipulando datos y con argumentos incomprables, fuera del sectarismo en que se mueve, y los eufemismos de abogados de secano, quiere derogar una ley imprescindible que necesita con urgencia, eso sí y entre otras mejoras, extender la calificación de las víctimas, más allá de las esposas y las compañeras, a los hijos y familiares cercanos a los que también, con lamentable frecuencia, alcanza la barbarie machista.
