26 de noviembre de 2019
26.11.2019

La Supercopa de la humillación

26.11.2019 | 00:35
La Supercopa de la humillación

La celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí constituye no solo un acuerdo comercial, sino un nuevo espaldarazo de un Estado democrático hacia una dictadura, anteponiendo el dinero a la defensa y el cumplimiento de los derechos universales de las personas, y la muestra de que el deporte y la política van de la mano.

La Real Federación Española de Fútbol se ha convertido en una empresa, cuyo fin es aumentar sus ganancias gracias al fútbol masculino y buscar el mejor postor para otro tipo de derechos, los televisivos, al mismo tiempo que publicita una imagen edulcorada de nuestro fútbol a nivel internacional como un deporte integrador e igualitario. Para ello, nada mejor que realizar ese evento en un país en el que no existe la libertad de asociación ni de reunión.

En Arabia Saudí, las mujeres son objetos: sufren la violencia sexual, amparada por el Estado y por una religión que la legitima, y se les exige la autorización de un tutor varón para realizar actividades tan básicas como solicitar un empleo o matricularse en un centro de enseñanza superior. Esto se impuso aquí durante el franquismo, donde por ejemplo las españolas casadas debían contar con la firma de su cónyuge para cualquier cosa, lo cual las dejaba sin capacidad de acción ni decisión propia.

Esta situación ha sido la causa fundamental de las críticas que ha recibido la Federación por elegir ese país para dicho fin, al mismo tiempo que el Gobierno en funciones no ha actuado con contundencia. De hecho, la ministra portavoz, Isabel Celaá, no solo defendió la autonomía de ese organismo, sino que se limitó a recomendar que ningún equipo juegue con los de otras naciones que actúen de igual manera.

La Federación ha reforzado el papel de las saudíes como un objeto, ya que ha intervenido en dos medias que demuestran que están supeditadas a un acuerdo económico entre Estados: una, temporal, por la cual podrán vestir y sentarse en el lugar que quieran del estadio (antes estaban separadas en una zona especial); otra, a largo plazo, basada en contribuir al desarrollo de su Liga femenina. Esto evidencia que aquellas siguen dependiendo del permiso de los hombres, incluso de otros países, para disfrutar de su ocio.

Al mismo tiempo, nuestro Gobierno y la Federación admiten que allí se vulneran los derechos humanos, teniendo en cuenta que existe la pena de muerte y que se aplica sistemáticamente contra quienes luchan por una sociedad realmente democrática. Según los datos de Amnistía Internacional, diversos activistas de la minoría chií, que está totalmente discriminada, han sido condenados a muerte por el Tribunal Penal Especializado y ejecutados, lo mismo que otras personas por participar en protestas antigubernamentales. También se practican detenciones arbitrarias y sin garantías hacia el detenido, que permanece incomunicado, sufre torturas y se le niega un abogado. Además, se ha puesto en marcha una política contra los inmigrantes ilegales, denominada "Una nación sin infracciones", obligándoles a regularizar su situación o serán expulsados, pero no se comenta nada de que ocupan los puestos que rechaza el resto de la población y un régimen de explotación.

A la Federación no le preocupa la situación de las saudíes, sino afianzar los lazos comerciales que tiene España con los países del Golfo Pérsico, en especial con Arabia Saudí, al que más exporta. A esto se suma la estrecha relación que ha existido entre sendas monarquías, actuando de interlocutores en distintos acuerdos, siendo España la más interesada por la alta rentabilidad de los contratos. El ejemplo más claro es la adjudicación de tres líneas del metro de Riad al consorcio FAST, que está liderado por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, constituyendo el más importante en infraestructuras que ha firmado una empresa española hasta hoy en día. La sede de la Supercopa no se eligió al azar.

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