E l discurso babieca que se ha podido disfrutar de nuevo con la brevísima visita del presidente chino a Tenerife no es únicamente una evidencia del cortocircuito interpretativo de políticos y periodistas, sino que indica un problema muy grave: no solo la internacionalización de la economía canaria -incluida la captación de inversión extranjera- no ha avanzado apenas en los últimos quince años, sino que no se entiende como una de sus principales prioridades políticas. Somos una de las comunidades españolas cuyo desarrollo exige claramente una diplomacia económica pero todos los esfuerzos realizados hasta el momento han sido muy poco productivos. En realidad no forma parte de la agenda estratégica del país y tal vez por eso mismo se sigue delirando bajo el síndrome Bienvenido Míster Marshall: que venga gente mu importante, que las playas, el Teide y las viejas sancochadas ya nos harán el trabajo.

Hasta Pedro Sánchez sabe lo que es la diplomacia económica. De hecho dedicó su controvertida tesis doctoral al asunto y ahí te lo explica un tanto someramente: la diplomacia económica comprende la promoción y la defensa de los intereses económicos del país en los mercados internacionales a través de políticas de Estado en colaboración con la iniciativa privada, incluyendo el comercio, la promoción de la inversión extranjera directa, la atracción de tecnología y la ayuda al desarrollo. En España entró en barrena desde la recesión económica que estalló en 2008. Un dato: el presupuesto del Instituto de Comercio Exterior en 2008 fue de 202 millones de euros, y en los prorrogados presupuestos de Montoro apenas llegan a 80, lo que ha supuesto un prolongado frenazo a sus servicios. Las Cámaras de Comercio, su red de relaciones y proyectos en el exterior, casi han desaparecido como agentes de internacionalización. En el caso de Canarias, la empresa Proexca - dependiente de la Consejería de Economía del Gobierno autonómico - ha visto reducido casi un 60% su asignación presupuestaria desde 2007. Algo que por cierto no ha ocurrido con organismos o proyectos similares como SPRI (País Vasco) Acció (Cataluña) o Extenda (Andalucía) que han mantenido o aumentado sus fondos en la última década.

Y nada de esto es casual. En las islas existen planes estratégicos hasta para regular la extracción de mocos de los conductores en las colas automovilísticas, pero no para articular una diplomacia económica o, al menos, comprometerse un conjunto de análisis y objetivos realistas y que cuente con recursos suficientes. No existen ni se les espera, porque la élite empresarial canaria ha insistido en otras prelaciones: políticas compensadoras o pasivas -recogidas y ordenadas en el REF y en el nuevo EA o enmarcadas en la negociación entre las RUP y Bruselas- "que hagan posible competir en igualdad de oportunidades a las compañías isleñas". Luego, claro, no compiten, y se dedican a suministrar sus productos y servicios a los respectivos mercados insulares. Salvo un puñado de admirables entusiastas, las grandes y medianas empresas del territorio buscan antes mantener abiertos los paraguas institucionales y expeditas las subvenciones y las exenciones fiscales antes de abrirse al exterior, innovar o correr riesgos. Y los sucesivos Gobiernos canarios, desde los años ochenta hasta hoy, se han puesto al servicio de las preferencias empresariales. Cualquier otro cuento es puro cuento chino.