08 de noviembre de 2019
08.11.2019
A BABOR

Hinchar el pato

07.11.2019 | 23:59
Francisco Pomares

Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se quedó ayer compuesto y sin novia en su intención de llevar a la Fiscalía Anticorrupción el expediente del concierto del dominicano Juan Luis Guerra. Trujillo no forma parte del grupo municipal de Gobierno, integrado por el PSOE y los concejales Zambudio y Lazcano, pero los munícipes podemitas sostienen desde fuera del Gobierno el pacto que permite la continuidad de Patricia Hernández como alcaldesa. La decisión de Trujillo de acudir a la Fiscalía, sin esperar siquiera a que concluya la investigación encargada por la alcaldesa responde -según él- a sus sospechas de que hubo prevaricación y malversación en el expediente.

Pero el problema para Trujillo es que una vez conocido y publicado el expediente, el margen de maniobra para continuar alimentando el escándalo de la contratación se reduce a seguir publicando titulares inflados y esa fotografía ya recurrente en la que aparecen juntos el intermediario Moré, el exalcalde Bermúdez, la ex concejal de fiestas y Lourdes Santana, directora regional de Radio Club Tenerife. Trujillo había decidido desde hace días regalarle a sus colegas en esta operación el titular que andaban buscando, el que anuncia que este asunto será llevado nada menos que a la Fiscalía Anticorrupción. Pero hacerlo comporta algunos riesgos, entre otras cosas porque implica poner en peligro al interventor y al secretario del ayuntamiento. Ambos avalaron la absoluta legalidad de la contratación, en un amplio informe, que anteayer se conoció por primera vez en su totalidad, y que desmonta una a una las acusaciones reiteradas estos días: la de contratación a dedo de Juan Luis Guerra, la del uso del procedimiento de urgencia y la falsedad de que Radio Club había firmado un contrato previo por menos dinero del finalmente desembolsado.

Durante algo más de una semana, la presión mediática sobre este expediente, considerado como chapucero por el PSOE, ha dado paso a una preocupación creciente en el entorno de la alcaldía: que un escándalo condicionado por los intereses comerciales de personas próximas a quienes han montado el escándalo, pueda llegar a provocar una desautorización del secretario que lo validó e informó positivamente, y del interventor que dio su visto bueno al gasto, porque ambos actuaron sin plantear reparo alguno, plenamente seguros de la legalidad del expediente.

Ahora, el gobierno de Santa Cruz se encuentra entre dos fuegos: por un lado, el monumental cabreo de la élite funcionarial del ayuntamiento por la forma en que se ha tratado este asunto, sacrificando la honorabilidad de los dos funcionarios principales de la Casa de los Dragos, y por otro la presión de los medios que aspiran a sacar tajada en la producción o publicidad de los próximos conciertos que contrate el ayuntamiento, y que están interesados en señalar a quienes consideran su competencia, y "si es posible sacarlos del mercado". Por eso, para acabar de contar esta historia no sólo será necesario esperar a la investigación municipal y lo que diga en su caso la Fiscalía. También será conveniente vigilar quién se encarga de gestionar, promocionar y difundir los próximos jolgorios carnavaleros. No vaya a pasar en esto como en la guerra de la cerveza. Que acabó en cantinflada.

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