Fue en el año 1989 siendo presidente Lorenzo Olarte y con motivo de unas diferencias de calado económico con el Gobierno de Felipe González, lo que provoca una rebelión fiscal en Canarias donde se decide, ante las exigencias del Gobierno central, no aplicar en el Archipiélago el desarme arancelario del 15 por ciento sobre las mercancías europeas.

Este propósito de incumplir la normativa europea llevaba implícito reclamar por parte de Canarias 11.000 millones de pesetas por la pérdida de ingresos en los 3 últimos años, dado que las Islas se integraron en Europa tres años más tarde que la Península.

Ante la rebeldía fiscal posesionada se envía un requerimiento por parte del Gobierno español donde se da un plazo de un mes para el cumplimiento de lo establecido, previo a la aplicación del artículo 155.

Desde el Gobierno canario había cierta confianza de que no pudiera aplicarse porque esa norma no afectaba al interés general. Pero ante la insistencia del ministro de Hacienda, que en aquel momento era Carlos Solchaga y del secretario de Estado de ese mismo Ministerio, José Borrell, es cuando el argumento de Olarte subió de tono haciendo famosa aquella frase: "Madrid se va a enterar de lo que vale un peine".

Esta frase en sí encerraba un cierto posicionamiento político llegándose a hablar y con cierta intensidad de que Canarias con esas majaderías amenazantes, y si el Gobierno central continuaba en dar salida a ese requerimiento, se buscaría un cierto despeje del Estado español que tendiera hacia un Estado Libre Asociado.

Esta amenaza preocupó al Gobierno central, que decidió enviar a Canarias a Borrell con el intento de buscar una solución al problema planteado en aras de encarrilar el asunto que evitara la aplicación del 155, dado que encima fue Borrel el que primeramente lo invocó.

Esta visita no fue muy bien acogida por parte de miembros del Gobierno y de algunos diputados del Parlamento canario, ya que no era de recibo establecer conversaciones algunas por las manifestaciones absurdas e inaceptables del secretario de Estado de Hacienda.

Sin embargo, Borrell llegó a Canarias y se encontró la solución adecuada para que el Archipiélago fuese integrado plenamente en Europa, considerando a las Islas como una región ultraperiférica europea, por lo que el articulo 155 se quedó guardado en un cajón y Canarias no fue intervenida.

Son cuestiones estas para la historia política de nuestro tiempo, dado que efectivamente Canarias fue la primera que tuvo la amenaza de ser intervenida mediante la aplicación del articulo 155. Es bueno recordarlo cuando ahora se pide su aplicación sobre Cataluña por determinadas fuerzas políticas por lo que haciendo cierto paralelismo con la situación en Canarias hay que ir por el camino que aquí se diseñó: usar la razón y lógica política.

Lo cual nos avanza que los conflictos territoriales que se avecinan tendrán que abordarse desde un planteamiento de un nuevo modelo de Estado que de satisfacción a las distintas entidades políticas que lo conforman. Si de 50 provincias se pasó a 17 Autonomías habrá que pensar que ese modelo que puede estar tocando a su fin tendrá que tender, por la propia dinámica de la historia, hacia una estructura federalista cuando no confederalista.