El crecimiento económico, sin una hoja de ruta con evaluación permanente, no va a solucionar el problema del empleo y de la sostenibilidad pública.

Por desgracia, en la economía real cada vez que tapas un agujero tienes que prepararte para el siguiente y no puedes sentarte a esperar que los problemas se solucionen solos.

Un exceso de recursos en unas pocas manos, tanto ricas, como pobres, e incluso en las públicas, genera un problema de demanda, por lo que cualquier política que planifiquemos debe contar con una buena distribución de la riqueza en el mayor número de estratos sociales, primando aquellos que permiten que sus recursos se permeabilicen en toda la sociedad a través de la demanda y el consumo que propician y, donde la clase media y los sectores que generan más empleo y riqueza, son los reyes.

Aunque hoy en día todos tenemos una pátina de globalización sobre la piel, no podemos olvidar que las acciones locales en favor del empleo y la sostenibilidad son los que dan resultados casa a casa, barrio a barrio, país a país.

En el mundo global o aportamos o nos aportan. Y quien aporta, generalmente impone sus normas.

Pongamos el foco en un sector de fuerte arraigo local como es la construcción, y especialmente la construcción de vivienda.

Canarias necesita nueva vivienda y mejorar el parque de la que dispone, tanto para compra como para alquiler, público o privado. Para ello necesitamos una normativa que aporte mayor claridad y celeridad en las licencias, y planificación urbanística que no puede imponerse desde la globalidad, pues cada territorio tiene su propia idiosincrasia.

Para ello, se necesitan directrices diáfanas en el ámbito local, para reactivar el suelo necesario, la simplificación y flexibilización de las normas urbanísticas, la construcción de vivienda y facilitar el acceso a las mismas bajo un paraguas de competitividad, eficiencia y contención de costes.

Todo ello aparejado con un incentivo fiscal para las familias y una oferta hipotecaria viable para el nivel de renta.

Estas medias nos llevarían a un incremento del empleo directo a corto plazo, una reactivación del consumo interno a proveedores locales que, a su vez, estabilizarían o incrementarían el empleo, y ayudarían a llenar las arcas públicas por el incremento de la actividad económica, sin tener que subir impuestos al resto de trabajadores y empresas.

* Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria