Seguramente ha participado usted en algún simulacro de incendios. Previamente se advierte a los empleados o vecinos y se les distribuye un protocolo de actuación. Cuando suenan las sirenas la gente se dirige a algún lugar donde quedan a salvo gracias a las pertinentes condiciones o medidas de seguridad. El proyecto presupuestario que ha presentado el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y su presidente, Ángel Víctor Torres, es un simulacro presupuestario, y su protocolo de actuación está dirigido a proteger -en lo posible- a las autoridades y no a la afición en general. Algunos escribidores -en estas páginas Pomares- ya han comentado la sorprendente ausencia de ingresos que en la mayoría de los casos ya se daban por descontado en el discurso de Torres y sus consejeros: es imposible encontrar consignadas las perras del Plan de Empleo de Canarias, ni los planes de infraestructuras educativas o turísticas, ni el pequeño maná para luchar contra la pobreza. Rodríguez y su equipo han preferido imaginar que ninguno de esos ingresos, finalmente, llegarán de Madrid, y no está mal pensado. En el mejor de los casos no habrá Gobierno hasta finales de año, y a saber qué Gobierno, y en qué contexto nacional e internacional. Lo que ocurre es que esa prudencia restrictiva -que no es solo una actitud educada, sino que definirá obligatoriamente toda la orientación política del Ejecutivo- choca frontalmente con las retóricas que el Gabinete no deja de practicar, como fuegos de artificio, cada vez que tiene la oportunidad. Una contradicción que, evidentemente, irá aumentando en los últimos años.

Tomemos la renta de ciudadanía, que figura como compromiso en el nuevo Estatuto de Autonomía, y que se sostuvo como una de las propuestas estrella de Nueva Canarias (ah, esos anuncios prometiendo 300 euros a cada canario pobre) y Podemos. Se hará lo razonable, no lo proclamado entre trompetas, es decir, aumentar la dotación de la despreciada Prestación Canaria de Inserción, para la que se dedican 18 millones más, hasta que el próximo año se regule la renta de ciudadanía a través de una normativa legal. El propio Rodríguez (y sus corifeos) admitieron que la renta de ciudadanía exigiría, para cumplir sus objetivos sociales, 400 millones de euros anuales. Sobre las propuestas concretas de su proyecto presupuestario -empapados por el sacro terror a la recesión internacional y a la inestabilidad política española- esos 400 millones son un chiste. Un chiste de pésimo gusto.

Peor todavía lo han sido las visitas presidenciales y vicepresidenciales a ministros de un Gobierno en funciones, cuya margen de actuación política -no se diga financiera- es aproximadamente nulo: un espectáculo sainetero en el que no participan, por supuesto, gobiernos de otras comunidades autonómicas. Todavía esta misma semana la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitaba en Madrid a una ministra, apenas dos semanas antes de que se celebren elecciones, y cuando la continuidad de María Luisa Carcedo es punto menos que fantasmagórica. Pero son titulares en la prensa, fotos, minutos de radio y televisión. Es impresionante como la nueva política ha mimetizado a la política más pellejuda y oportunista. Es desolador el triunfo del posturero de tontos que nos tratan como tontos. El simulacro será aprobado, pero cuando las sirenas truenen no habrá motivos para sentiré más tranquilos.