Uno suponía que el muy trillado recurso a la inutilidad de mociones que no significan nada caía básicamente del lado de Unidas Podemos, un partido que aún sigue creyendo que la misión de una organización política es que todo el mundo sepa con lo que no está de acuerdo. Pero ayer, el PP de Santa Cruz también se manifestó solicitando una declaración institucional del ayuntamiento para que quede claro que el PP (y otros más, como se verá) no son partidarios de la subida del IGIC del 6,5 al 7 por ciento. Ocurre que yo tampoco soy partidario: creo que es una medida básicamente inapropiada, que no resolverá ni de lejos los verdaderos problemas de los presupuestos 2020, que son un cálculo de la recaudación básicamente fantasioso, y la decisión política de no incorporar los mil millones de euros comprometidos por la Administración nacional, motivada probablemente por la aceptación previa de que Madrid no pagará las deudas contraídas con Canarias. Pero aun así, me parece bastante idiota que el ayuntamiento tenga que votar una moción inútil sobre algo que no es en absoluto de su competencia, sólo para que quede claro cuál es la posición de los partidos que lo integran.

En realidad, supongo que el objetivo del PP no era el declarado, sino evidenciar las diferencias ideológicas (al menos en materia fiscal y tributaria) entre los concejales que sostienen la Alcaldía de Patricia Hernández. En efecto, los concejales del PSOE y Unidas Podemos votaron a favor de la decisión de subir medio punto el IGIC adoptada por el Gobierno del Pacto de las flores, mientras los concejales Zambudio y Lazcano se sumaban al voto de conservadores y nacionalistas y hacían prosperar con ello la moción del PP.

No está claro si Zambudio y Lazcano han votado esta moción de acuerdo a sus criterios o principios fiscales, o lo han hecho para hacer patente que su voto es imprescindible para gobernar la ciudad. Personalmente creo que la decisión responde más a lo segundo que a lo primero, y que -además- la presentación de la moción por parte del PP se produjo habiendo negociado de antemano la postura de Zambudio y Lazcano.

Ambos concejales son conscientes de que su supervivencia política -sean readmitidos o no por su partido- tiene fecha de caducidad ineludible, que coincide con la celebración de nuevas elecciones locales. Quizá por eso Zambudio -la más ambiciosa de los dos-, tras el indulto de Ciudadanos a sus consejeros del Cabildo, no ha dejado de moverse, hacer declaraciones a los medios y ponerse en valor ante sus socios. Y ante sus ex colegas también: el jueves participó en una reunión semiclandestina organizada por el antiguo secretario de Organización del partido, Juan Amigó, a la que acudieron una docena de amigos de Amigó, entre ellos el diputado Ricardo Fernández de la Puente, y en la que se anunció la creación tras las elecciones de una plataforma de damnificados de Ciudadanos, que habría de convertirse en un nuevo partido de centroderecha y ámbito local. Un refugio para los próximos tres años?