Mientras las calles en Cataluña se van tranquilizando -lenta y equívocamente- los dirigentes políticos toman el testigo de la lumbre e incrementan la tensión. Quim Torra se queja de nuevo de que Pedro Sánchez no se le pone al teléfono, Oriol Junqueras advierte que se metan el indulto por donde les quepa, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, insiste en que la Cámara catalana aprobará la moción que se le antoje rechazando las advertencias del Tribunal Constitucional. Como todo el procesismo se trata de un guión acumulativo y falaz, salvo alguna cosa. No, Sánchez no ha telefoneado a Torra, pero le ha respondido con una carta pública, dejando meridianamente claro que no va a dialogar con barricadas en las calles y presidentes que se ponen al frente de cortes de carretera. No, el indulto no es una traidora piruleta que se ofrece a Junqueras y sus compañeros, son ellos los que normativamente deben pedirlo, y para que alguien se lo meta por el culo, ellos deben sacarlo del suyo. Sí, el Tribunal Constitucional ha advertido que impulsar actos contra el orden constitucional tendrá consecuencias legales, pero no se refiere a la propuesta de resolución que quieren aprobar ERC, exconvergentes y la CUP: cuando la conozca ya verá si encaja en sus advertencias previas. Aun así la situación es más grave ahora que hace quince días. Menos importante que estas vainas es lo ocurrido anoche en el Teatro Nacional de Cataluña durante una gala organizada por la Cecot, una patronal multisectorial con miles de empresas vinculadas. Más de un millar de empresarios -algunos tan referenciales como millonarios- gritaron por la libertad de los "presos políticos" y tachando al Estado español como "decepcionante".

Claro que la Cecot es un vivero de empresarios históricamente muy bien tratados por CiU y sus descendientes. La mayoría de su dirección siempre fue nacionalista y ahora la mayoría de esa mayoría es independentista. Pero es gente de perras e influencias que ha abandonado la habitual elipsis de los trajeados y se está comprometiendo con una élite política en crisis. Algunos seguro que tienen a sus hijos en las calles haciendo un tour revolucionario por Barcelona. Lo ocurrido anoche resulta una evidencia más de que lo que ocurre en Cataluña no desaparecerá por no hacer nada o, menos aún, por aplicar de nuevo, como una pócima milagrosa, el artículo 155 de la Constitución.

Jordi Amat publicó una crónica admirable y de obligada lectura, La conjura de los irresponsables, y esa conspiración, retorciéndose sobre sí misma cada vez más, sigue en marcha imperturbablemente. La farsa corre sobre las llamas de las barricadas como los santones bailan sobre el fuego. La máxima responsabilidad -y eso ya es mi punto de vista- recae en los impulsores del procés separatista como relato político que se disfraza de estrategia y como estrategia que se disfraza como relato político: una mascarada inmoral que pringa y galvaniza complejas insatisfacciones, decepciones y quiebras de la sociedad civil catalana, algunas recientes y otras de largo y denso recorrido histórico. Pero están las irresponsabilidades de las élites políticas españolas, empecinadas en ignorar una emergencia política potencialmente destructiva porque se nutre de un consenso constitucional abierto en canal y palpitando como un animal malherido.