Mientras las consejerías socialistas de Torres siguen esperando que Román Rodríguez les mande un proyecto de presupuesto 2020 cuyo texto articulado ya conoce media Canarias, el presidente se despachaba en el Parlamento con un anuncio terrorífico para las clases altas y pudientes: el presupuesto incrementará el tramo autonómico del IRPF hasta dos puntos (del 24 al 26 por ciento) en las rentas superiores a los 80.000 o 90.000 euros. Yo no sé si alguien en el Gobierno ha hecho un cálculo de cuanta gente tributa IRPF por encima de los 80.000 euros en Canarias, pero si lo hacen verán que no es mucha, y lo que se les va a subir va a ser un dos por ciento. No es el asalto al Palacio de Invierno, ¿eh?

Digo yo que podían aplicar la subida a las rentas superiores a los 60.000 pavos, y así además de ser unos cuantos contribuyentes más, pagarían también los principales políticos de Canarias, y por supuesto, los miembros del Gobierno. Pero tampoco es cosa obligada lo de empezar dando ejemplo. Claro que así la recaudación a cuenta de esa medida asusta fortunas no supone más que unos pocos cuartos (que nos digan cuánto sacarán por ese concepto y cuánto por el aumento de tipos del IGIC, por ejemplo), pero por lo menos la medida sirve para justificar ante los propios electores el cuento de que las subidas fiscales van a perjudicar más o los más pudientes. Aunque sea mentira. Porcentualmente, el efecto de la subida de IGIC del 6,5 al 7 por ciento, o la del cero al tres por ciento del contrato de la luz, o la del tres al seis por ciento en los servicios de telefonía móvil, supone mucho más subida que la del IRPF del 24 al 26 por ciento. Y euro a euro, lo que vamos a pagar entre todos -pobres de solemnidad, desempleados, indigentes, gente en riesgo de pobreza, clases medias, funcionarios, pensionistas?- supondrá algo así como cien veces más que lo que van a pagar los ricos.

Quizá ni el propio presidente Torres sea consciente de lo que de verdad supone el retorcimiento trilero de las cuentas de Rodríguez, o quizá crea de buena voluntad que la agenda social prometida en la campaña puede cumplirse sin tocarle los bolsillos a los más débiles. No puede hacerse, excepto que se busque el dinero fuera de Canarias. Fuera: dónde están los compromisos incumplidos, dónde está el dinero que la Abogacía del Estado prohíbe entregar (excepto en campaña electoral) y dónde están esos recursos ilimitados que sólo aparecen si resultas ser el diputado que hace falta para completar una mayoría parlamentaria en San Jerónimo.

El Gobierno regional construye un relato basado en la milonga de que en esta región los presupuestos del 2020 van a promover un cambio trascendente en los servicios públicos y la asistencia a las necesidades de las personas más desfavorecidas, y eso sin apretarle las clavijas ni a la Administración del Estado ni a los ciudadanos corrientes y molientes de Canarias. Que vamos a resolverlo subiendo apenas dos puntos el tramo autonómico a las rentas superiores a 80.000 euros. Eso no se lo cree ni alguien que crea haber visto a Pedro Quevedo pisar alguna vez el Ayuntamiento de Las Palmas.