La inestabilidad climática y, sobre todo, la esperada sentencia del procés catalán abrieron el otoño enojado y ruidoso que el mendaz Torra y sus apasionados seguidores, como era previsible, anticiparon en una semana. Sin embargo, digan lo que digan y hagan lo que hagan en las calles, ni los independentistas más templados esperaban un fallo de ese tenor que, para ciertos medios, "fue justo y hasta magnánimo". Contra la posición de la Fiscalía del Estado que sostuvo durante la instrucción y la vista la calificación de rebelión, los siete magistrados del Supremo, presididos por Manuel Marchena, "apreciaron violencia pero no en grado suficiente" y, de forma unánime, condenaron por sedición y, en algunos casos, malversación de caudales públicos para perpetrarla, a los líderes del 1 de octubre.

A partir de Oriol Junqueras, considerado máximo responsable y condenado a trece años de prisión, se escalonaron las penas de doce años a los exconsellers Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolores Bassa; a once años y seis meses a Carme Forcadell; a diez años y seis meses Joaquim Forn y Josep Rull y a nueve años a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Todos ellos violentaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Ahí está la sentencia y, como estaba anunciado, ya empezó el ruido. Esperemos que esta vez, y advertidos de la fortaleza y medios del Estado de Derecho y del nulo eco internacional de su causa, los secesionistas cambien sus estrategias de colisión y propaganda falsa por recorridos razonables y legales para una causa difícil que, hoy por hoy, no contempla ninguna Constitución democrática del mundo.

Las reivindicaciones pacíficas, sean cuales sean sus objetivos y el número de ciudadanos que las abracen, tienen cabida en todas las sociedades. Otra cosa es que se planteen contra los derechos y las opiniones de otras personas, igualmente legitimadas en sus posiciones; y, además, contra el ordenamiento legal que nos rige a todos. Los deseos y las utopías tienen un largo recorrido en la historia, pero ni los unos ni las otras se pueden amparar en mentiras colectivas, en trapacerías sectarias, ni en el cínico desprecio a los derechos legítimos de quienes comparten el territorio con visiones y posiciones radicalmente distintas. La pulsión autoritaria de los secesionistas ha sido juzgada y condenada, no las ilusiones de un sector de población que aspira a un estatus diferente, actualmente imposible en el marco legal de nuestra democracia y en el mundo globalizado que nos toca. Mientras bulla.