La exhumación de Franco no me da de comer. Así de claro. El destino del cuerpo de este dictador, que durante casi cuarenta años privó a España de los derechos y libertades conquistados durante la Segunda República, se ha convertido más en un tema político que social, del cual muchos quieren sacar tajada ante las eminentes elecciones generales.
En ese enfrentamiento, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido el más interesado en que se efectúe antes de esos comicios para publicitarlo en la campaña electoral como un hecho destacado de su progresismo. Con ello, reflejaría así que es la única fuerza que cumplirá con sus compromisos para devolver al país a un estatus de desarrollo. Se trata de la misma jugada que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, cuando utilizó su propuesta del matrimonio entre personas del mismo sexo para atraerse a una parte del electorado. Sí, fue un avance necesario para una nación tan retrógrada como esta, pero solo un movimiento en el tablero de ajedrez, que escondió la verdadera cara de ese partido, ya que en vez de solucionar los problemas más acuciantes, nos entregó a los brazos de la banca y de la burbuja inmobiliaria.
Llevamos décadas esperando este hecho y nada cambiará si lo retrasamos dos o tres meses más. Hay que cumplir con lo establecido en la Ley de la Memoria Histórica, pero su aplicación real se ha alargado tanto en el tiempo que, en este caso en concreto, debería efectuarse fuera de ese marco preelectoral para no beneficiar a determinados intereses partidistas.
Por el contrario, no hemos puesto el mismo ímpetu por saber cuál es el rumbo que tomará esta nación, en vista de que los gobiernos actúan pensado más en su provecho que en los del país. Tampoco hay una planificación que garantice una reactivación urgente y una reconversión de la economía ni la consolidación de los pilares para recuperar unos derechos de los que carece una parte importante de su población.
Curiosamente, muchos medios de comunicación ya no se hacen eco de que continúan los desahucios ni que el sector de la vivienda sigue el mismo curso de la especulación, tras más de diez décadas de la consabida crisis económica, centrada ahora en el incremento ostensible de los alquileres. Ni siquiera constan los casos aberrantes de quienes comparten un piso en unas condiciones infrahumanas, a veces hasta hacinados o en sitios tan inimaginables como los altillos de un sótano.
Esto demuestra claramente que el Estado no garantiza el acceso a una vivienda digna y menos un partido como el PSOE, cuyo progresismo se basó -y se basa- en el apoyo a la banca, convertida en la acreedora del Estado para poder realizar las obras de infraestructura públicas. No se trata de comparar, pero es más importante que se cumpla la Ley de la Memoria Histórica, bajo la premisa de todos contra Franco y el Valle de los Caídos, que el derecho constitucional a un techo. Las leyes pesan distinto en la balanza de quien se beneficia de ellas y se cumplen a conveniencia.
Solo se toman decisiones puntuales y coyunturales; se nos habla de predicciones futuras cuando vivimos en una inestabilidad presente en la que todo fluctúa de la noche a la mañana. Por eso, todo esto debe permanecer en un segundo plano, con el fin de evitar que la ciudadanía piense y demande los cambios reales. Cuando se termine el episodio de Franco, volveremos al mismo ciclo vicioso de quejarnos amargamente y señalaremos a los políticos como los causantes de los males de cada hogar.
Hay que ser congruentes y comprender que, por encima de todo, lo más urgente es construir y blindar el bien común; eso no conlleva desatender las leyes, pero es necesario priorizar. Al final, gran parte criticamos al caudillo, aunque en algunos aspectos actuamos como él: era aficionado a la caza y nosotros hemos convertido a España en un coto donde todos competimos por apresar a la democracia.
*Licenciado en Geografía e Historia
