Hace solo unas semanas la Abogacía del Estado consideraba legalmente imposible transferir a las Comunidades Autónomas las actualizaciones a cuenta de la financiación estatal. No se han cambiado las leyes. No existe otra realidad jurídica. Pero se han convocado las elecciones para el 10 de noviembre y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado a bombo y platillo que ahora sí hay un resquicio legal para hacerlo. Con los huesos de Franco en una mano y la sentencia del procés en la otra, Sánchez tenía sitio para colocarse en la cabeza los laureles de una ayudita a los territorios más estragados por la asfixia financiera. La buena administración de los asuntos públicos se ha transformado, también, en combustible electoral. En un asunto de estrategia y de conveniencia. Y eso nos adentra en la peor España, carne de oportunismo de unos y de otros y donde la legalidad y la seguridad jurídica es cosa de resquicios.