La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI, una forma de violencia de género de preocupantes dimensiones que constituye una de las más escandalosas y sangrantes violaciones de los derechos humanos.
Es una manifestación más de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del mundo. Las causas que lo hacen posible son la creciente desigualdad entre los países, la pobreza, más concretamente la feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación, el desempleo, la división sexual del trabajo, la falta de educación y la imposibilidad de acceder a los recursos en los mismos términos que el resto de la población.
El pasado día 4, en el Parlamento de Canarias se celebraron unas jornadas organizadas por la Diputación del Común para analizar las causas y posibilidades de mejora para luchar contra esta forma de esclavitud ejercida por redes transnacionales que han encontrado en España y en Canarias un lugar de destino.
A pesar de la escasez y claridad de los datos, se puede afirmar que este fenómeno ha aumentado entre un 20 y un 30% en Canarias. Nos hallamos ante una problemática de carácter poliédrico, donde participan y se conjugan tres cuestiones que, sin duda, hacen más grave aún si cabe, la solución de algo que nos preocupa mucho: el comercio de seres humanos, la prostitución (España es el tercer país del mundo consumidor de prostitución) y la inmigración ilegal.
Como cuestiones negativas, quedaron de manifiesto las siguientes:
-Las cuestiones relacionadas con la trata, especialmente la prostitución, no forman parte de la prioridad de las administraciones.
-Hay demasiadas competencias delegadas a las ONG en esta materia.
-Existe una necesidad de clarificar y unificar los datos de los distintos agentes intervinientes, y elaborar mapas de prevalencia y causas del fenómeno.
-Las respuestas no pueden ser solo policiales o asistenciales, sino que la misma tiene que ser integral y tiene que estar coordinada.
Es indiscutible que la mayor parte de las competencias corresponde al Estado, pero también lo es, en función de las competencias transferidas, de las CC AA. Así mismo, no podemos obviar que nos encontramos ante un fenómeno transnacional, por lo que más allá de las propias competencias de los distintos países implicados es necesario que la respuesta no solo sea integral, sino también global.
Del trabajo realizado en estas jornadas, y tras el análisis de las deficiencias detectadas, podemos concluir que la lucha contra esta lacra requiera de una Ley integral que ponga a la víctima en el centro del interés, una modificación de la normativa procesal que permita que la investigación de estos delitos recaiga sobre el Ministerio Fiscal y la coordinación entre instituciones, agentes sociales y policiales.
Asimismo, una eficaz intervención requiere de un adecuado diagnóstico de la realidad. Con este objetivo, resulta primordial redoblar los esfuerzos orientados a la configuración de un sistema de indicadores no solo veraces, sino también integrales. Clarificando y unificando los datos de los distintos agentes intervinientes, y elaborar mapas de prevalencia y causas del fenómeno.
Con la organización de este debate, la Diputación del Común pone claramente de manifiesto que quiere estar en la lucha contra esta vulneración sangrante y dolorosa de los derechos fundamentales. No podemos permitir esta esclavitud en el siglo XXI.
*Adjunta de Igualdad y
contra la Violencia de Género de la Diputación del Común
