Más de 100.000 de los desempleados canarios tienen más de 45 años y llevan como media año y medio largo sin empleo. A otros 80.000 se les agotó el subsidio. El 64 % de los parados de larga duración son mujeres y las familias monoparentales -que en su inmensa mayoría encabezan mujeres también- son las que reciben menos ayudas. Son cientos de miles los canarios que desde 2008 han pasado meses o años desempleados, encadenando durante los paréntesis de buena fortuna contratos miserables, atravesando el infierno del subempleo y asumiendo la precariedad como un destructivo estilo de vida. ¿Qué pensiones cobrarán dentro de diez, quince, veinte años? ¿Se reflexiona desde el espacio público sobre los costos y los recursos que demandará esta situación a medio y largo plazo en pensiones, en atención sanitaria, en dependencia?

No.

Desde el pasado julio la Comunidad autonómica tiene un nuevo Gobierno. Es un Gobierno que se define como progresista y entre sus máximos responsables se encuentran algunos profesionales y personalidades políticas admirables y -como siempre- otros que no tanto. No existen motivos concluyentes para dudar de su buena voluntad (la ambición política más descarnada puede no prescindir de la buena voluntad) y está convencido de que su mera existencia supone un revulsivo político de primer orden. Pero no es así. La situación de Canarias es particularmente delicada en una realidad internacional económica, financiera y comercial que está mutando cada vez más rápidamente. Al cabo de treinta años seguimos parloteando de diversificación económica pero quiebra un (relevante) operador turístico y nos sobrecogen temblores apocalípticos. ¿Qué papel puede jugar la economía canaria en un escenario casi hegemonizado por las Big Tech, que cada día invaden y conquistan nuevos espacios de inversión, innovación y control del capital, como transportes, seguros, educación, servicios publicitarios, venta de productos culturales, contenidos audiovisuales y en el futuro, incluso, las finanzas, incluso, sin demasiadas dudas, el negocio turístico? ¿Alguien está pensando en todo eso en nuestras ínsulas baratarias? Porque hay consejeros y diputados que cuando hablan de multinacionales siguen pensando -de acuerdo tal vez con los manuales de Marta Harnecker que hojearon de pibes- en la General Motors o Exxon Mobil, y no en Google.

Canarias no podría resistir, simplemente, una recesión económica similar a la que estalló en 2008: no sobreviviría el tejido empresarial y entrarían en barrena los servicios sociales básicos, porque ni el Estado ni menos aún el Gobierno autonómico dispondrían ya de margen de maniobra económico-fiscal para parches coyunturales. Esa combinación alarmante de fragilidad estructural y resistencia a las reformas estructurantes solo puede afrontarse desde un gran pacto sobre un programa mínimo de compromisos para la próxima década que suscribieran todas las fuerzas parlamentarias, y que debería liderar el PSOE desde su extraordinaria fortaleza institucional actual. Algo así como un compromiso histórico de la Italia de los años setenta, instrumentalizando al máximo el Estatuto de 2018 y el nuevo REF. Y no solo es necesario: es urgente para la viabilidad futura de la Comunidad autonómica, para atacar el desempleo insoportable y la desigualdad galopante, para no ser derribados por el batir de alas de cualquier cisne negro agazapado en el futuro.