Aunque ustedes no lo crean, hubo un tiempo en el que Román Rodríguez no emulaba a Joseph Schumpeter. El Rodríguez presidencial (1999-2003), que gobernó en un periodo de casi exuberante expansión económica, con 24 diputados coalicioneros y el apoyo del PP, se cuidaba bastante de meterse en berenjenales financieros y presupuestarios, de los que se encargaba Adán Martín, un vicepresidente cuyas muy amplias competencias (Economía, Hacienda, Comercio, Relaciones con la Unión Europea) ha intentado mimetizar sin completo éxito -el PSOE se ha quedado con Economía- pero con innegable brío y astucia. Es bastante asombroso que Ángel Víctor Torres haya tolerado tal concentración de poder en manos de su vicepresidente, con solo cinco diputados frente a los 25 socialistas. Intuyo que Rodríguez comenzó a hacerse economista de tronío después de su salida del Cabildo de Gran Canaria, y lo hizo sobre la chepa de Fermín Delgado, asesor del grupo parlamentario de NC, cuya prolongada lealtad ha sido finalmente recompensada con la Viceconsejería de Hacienda y Planificación. Delgado es quien coordina el diseño del proyecto presupuestario, mientras Rodríguez se encarga del relato político que pretende legitimarlos desde una posición informativa privilegiada sobre la actuación de todos los departamentos gubernamentales.

Después de manosear la expresión agujero presupuestario -que económicamente no significa nada- y de insistir en que la bajada de medio punto del IGIC ha estado a punto de hundir las cuentas públicas -al tiempo que se silenciaba el impacto en las mismas de la negativa del Gobierno central en transferir la actualización de la financiación autonómica que correspondería a Canarias- llega ahora lo esperado: el anuncio del encarecimiento del IGIC en la factura eléctrica y en la telefonía móvil. Lo más asombroso de estas iniciativas tributarias es que se insiste en que cualquier subida de impuestos y tasas no afectará a trabajadores ni a clases medias, como si estuvieran preparando gabelas para los millonarios. Obviamente la factura eléctrica y la telefonía móvil afectan a una amplísima mayoría de los contribuyentes y por eso, precisamente, se incrementan: para recaudar mucho más.

"Hemos perdido por las rebajas fiscales del anterior Gobierno 200 millones de euros", ha dicho el presidente Torres, "y debemos recuperarlo". También eso es una pequeña ficción. Si no se hubiera bajado medio punto del IGIC -a lo que hay que sumar otras medidas fiscales del Gobierno de Clavijo- quizás no se hubieran perdido 200, pero sí 100. O 199 millones. Es un futurible que -sencillamente- no se puede cuantificar. Es bastante delirante escuchar que una desviación de la previsión de ingresos supone una insólita catástrofe con tintes criminales. Todos los gobiernos españoles, desde Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy, han fallado en su previsión de ingresos. El campeón, el Gobierno socialista en 2009, que se desvió 45.561 millones de euros, cuando ya en 2008 se habían desviado en más de 30.000 millones. Aquí la desviación representará un 2,2% del presupuesto autonómico global.

La economía canaria -como la española- se desacelera. El ritmo de creación de puestos de trabajo se debilita cada vez más. Dentro de poco escucharemos que en Canarias se pagan pocos impuestos, como ya se escucha que a los autónomos que ganan más de 30.000 euros al año -contadísimos unicornios en las Islas- hay que sacudirlos boca abajo. Van a exprimirnos sin piedad. Pero sonría. Esta vez lo hará un gobierno progresista.