Está muy bien la síntesis que propone el presidente Ángel Víctor Torres: mejorar la situación social de Canarias -la desigualdad, el desempleo de larga duración, la exclusión social y la pobreza, la pauperización de las clases medias- y al mismo tiempo sumarse al combate por la emergencia climática preservando o sanando ecosistemas, parajes y paisajes. Muy bien. Lo que ocurre es que, con cierta modulación retórica, venimos escuchando lo mismo desde hace un cuarto de siglo. Un modesto ejemplo. En el otoño de 2007 -hace doce años- la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, dirigida por entonces por Domingo Berriel, promovió una Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, que aprobó el Ejecutivo regional, y que desplegaba un conjunto de acciones y programas interesantes, tanto en lo que se refiere al diagnóstico de la situación como a la intervención de los poderes públicos para remediarla. Quizás la ferocidad de la crisis económica que comenzó precisamente en 2007 -aunque fue en 2008 cuando impactó en la destrucción de empresas y empleos- consumió todas las prioridades. No quiere decirse que nada se ha hecho. En la anterior legislatura se produjo un desarrollo formidable de la energía eólica en las islas, por ejemplo, y en poco más de un lustro se ha pasado de un 7% de electricidad procedente de energías renovables a casi un 25% en el consumo regional global. Y en la apuesta por las renovables -obviamente- está la mayor aportación que puede hacerse para disminuir la dependencia energética del país y descarbonizar el aire que respiramos. Lo mismo ocurre con el Estado de Bienestar y la atención a los desempleados. Pueden y deben optimizarse los servicios públicos y pueden aumentarse -hasta cierto punto- los recursos destinados a ayudas y subsidios, incluyendo una renta de ciudadanía que costaría -según primeras estimaciones de la Consejería de Hacienda- unos 400 millones de euros anuales. Pero tanto la emergencia climática como las patologías sociales que vive Canarias -y que no se convierte en crisis conflictiva gracias, precisamente, a la existencia de un modesto pero solvente Estado de Bienestar- dependen directamente del modelo de desarrollo económico de las islas.

El PIB de Canarias está anclado en el turismo, los servicios, la construcción y el mercado inmobiliario. Desde un punto de vista de la generación de actividad económica y empleo el modelo turístico canario tiene unos límites poco flexibles. En los últimos veinte años el turismo isleño vive un creciente problema de rentabilidad. Como apunta el profesor Raúl Hernández, la rentabilidad comparativa de Canarias como destino turístico deriva de altas tasas de ocupación todo el año, pero esa misma rentabilidad es la que genera un crecimiento excesivo de la oferta, que lleva a un estancamiento de precios, y a recortar márgenes de beneficios: decrece la oferta laboral, aumenta la rotación, se congelan o bajan los salarios. En su mejor momento turístico el archipiélago no baja del 19,5% de desempleo. Y el turismo reclama más consumo eléctrico, más autopistas, más automóviles, mayor tráfico aéreo. El tráfico aéreo y el automovilístico son los responsables de más del 75% de las emisiones de carbono en las islas. Nuestro modelo económico no crea suficiente empleo, ni empleo estable y de calidad. Pero también es una impugnación diaria a cualquier estrategia para enfrentar la emergencia climática. Y no basta con voluntad política para deshacer esta contradicción letal.