El disfrute de una vivienda digna y adecuada

Con el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se procede a la incorporación del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, especialmente vulnerables, cuya finalidad es facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a todos aquellos que hayan sido o vayan a ser objeto de lanzamiento de su vivienda habitual, por no poder hacer frente al pago del alquiler o de las cuotas del préstamo hipotecario, mediante la disposición de un fondo de viviendas de las entidades de crédito y otras entidades o particulares tenedores de viviendas.

Así los afectados por desahucios podrán acceder a viviendas de la banca por una renta de hasta 400 euros mensuales. En estos casos, el Estado (80 %) y las comunidades autónomas (20 %) asumirán el pago del alquiler, que podrá ascender hasta los 400 euros mensuales, durante un plazo de tres años (hasta ahora era de dos). De esta forma, se suprime el mínimo, que estaba marcado en 150 euros. Asimismo, los colectivos vulnerables podrán optar a viviendas desocupadas y disponibles de la Sareb o entidades financieras para habitarlas en régimen de alquiler, con un precio máximo de 400 euros al mes (con las ayudas mencionadas).

Y es que la difícil situación de las familias y hogares, como consecuencia de los efectos de la crisis económica y financiera, entre las que caben destacar la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales en el caso de colectivos especialmente vulnerables, la apuesta por un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de las deudas con garantía hipotecaria y el establecimiento de mecanismos de alquiler en favor de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria con el fin de evitar el lanzamiento, han contribuido a reducir el número de ejecuciones hipotecarias y de lanzamientos practicados en los últimos años.

Ya en dicho Plan se suma un nuevo programa específico de ayuda dirigido a las personas y familias afectadas por procesos de desahucio o lanzamiento. Se trata de un programa que pone a disposición de las personas que se encuentren en situación de desahucio o lanzamiento, y con escasos recursos económicos, las viviendas desocupadas y disponibles de las entidades de crédito, o de otros tenedores de vivienda, para ser ocupadas en régimen de alquiler, previéndose una ayuda económica para el mismo que puede alcanzar hasta el 100% de la renta.

Las ayudas al alquiler se han diseñado para que mantengan la equidad y lleguen a quienes realmente las precisan sin excluir, a priori, por su edad u otra circunstancia, a nadie que necesite la ayuda del Estado. Además, para los jóvenes el Plan ofrece un programa específico para ayudarles a afrontar la emancipación y la formación de nuevos hogares y acceder a una vivienda que se ajuste a sus necesidades, tanto si se opta por el alquiler como si se decide afrontar la compra de una vivienda en municipios de pequeño tamaño, entendiendo por tales los de menos de 5.000 habitantes (población residente), de los cuales la mayoría se encuentran en el ámbito rural.

Este nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 contribuye, a través de una serie de ayudas económicas al logro de unos objetivos prioritarios, como son: la apuesta decidida por fomentar el acceso a la vivienda en alquiler, el fomento de la rehabilitación, conservando y mejorando la accesibilidad en las viviendas, promover la mejora de la eficiencia energética en las viviendas, pero también el fomento de la regeneración y renovación urbana rural, facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los jóvenes, a los mayores o a personas y familias afectadas por procesos de desahucio, entre otros.

*Director de Munguía&Asociados

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