Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística difundió un estupendo informe sobre la distribución de la renta de las personas, pormenorizado hasta el nivel de los domicilios. La aplicación informática, un mapa de España en el que -siguiendo los mecanismos ya conocidos por la generalización del uso de Google Maps- los interesados pueden conocer el nivel de renta de cada uno de los ciudadanos españoles, agrupados por territorios, regiones, provincias, ciudades, barrios, calles€, ofrece una información pormenorizada y prácticamente ilimitada de la distribución de la renta en el país, presentada de una forma accesible y sencilla. Ventajas de las tecnologías de la información y el conocimiento.

Los medios, por supuesto, publicaron reportajes sobre el asunto. Miles de ciudadanos curiosos accedieron a la aplicación para comprobar los ingresos de la gente de su barrio€ y yo decidí aplicarme a un esfuerzo distinto: ocurre que durante años se nos ha vendido la milonga de que las situaciones de atraso, desigualdad social y reparto desequilibrado de la renta son consecuencia de la existencia de gobiernos conservadores, y que en aquellos sitios donde gobierna la izquierda se produce un mejor reparto de la renta. Eso puede ser cierto si entendemos como renta la asistencia social, el gasto público en educación, sanidad y asuntos sociales. Pero no lo es, en absoluto, si nos referimos solo a la renta personal. Las regiones españolas donde existen mayores diferencias entre las rentas de los ciudadanos son Andalucía y Extremadura, dos regiones con gobiernos mayoritariamente de izquierdas en los últimos cuarenta años. Otras regiones -Galicia y Canarias, por ejemplo- acompañan a Andalucía y Extremadura en ratios de pobreza, pero no con datos tan extremos en los de desigualdad. Sobre el mapa de España, la pobreza y la desigualdad suelen producirse -y es una dramática y desalentadora comprobación- no en función de qué políticas se han aplicado en cada una de las regiones, sino en función de otros factores que poco tienen que ver con quien gobierne: inexistencia de tejido industrial, fuerte peso del sector agrario, subdesarrollo histórico, orografías que dificultan la movilidad en el territorio, pervivencia de infraestructuras arcaicas€ La ideología de los gobiernos no define las zonas de pobreza: parece una perogrullada, pero se insiste tanto en ello en la propaganda política -unos y otros- que es fácil olvidar que se trata de una patraña.

Otra percepción es que las políticas asistenciales gestionadas exclusivamente con los recursos propios de una región pueden resolver las diferencias. No es cierto. Esas políticas pueden servir para mejorar la situación de desesperanza de las personas afectadas -y eso no es poco- pero son económicamente insostenibles e inútiles para la redistribución de renta. Si una región pobre -Canarias lo es- crea al final su propia renta básica ciudadana (algo que parece un poco más lejos), y además lo hace con sus propios recursos, forzosamente esa ayuda será cosmética e ineficaz.

La renta básica ciudadana debe ser un esfuerzo conjunto de carácter estatal, que drenará recursos de los territorios y personas más ricas hacia los más pobres. Por supuesto que podría incorporar un tramo autonómico, como ocurre con las ayudas a la dependencia, pero no ser sostenida íntegramente por una región pobre.