Acabo de regresar de Londres, donde me pilló la manifestación de más de un millón de personas que están en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea; es decir, están en contra del denominado brexit y, por consiguiente, pretenden que, tanto el Gobierno como el Parlamento inglés, revoquen el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Eso fue en la calle; a través de la iniciativa denominada petición online que cualquier ciudadano británico o residente en el país puede votar libremente, se llevan registrados casi seis millones de votos, y aumentando.
El flemático pueblo inglés se debate entre ser fiel al desastre de resultado de un referéndum que, al parecer, cada día que pasa más voces críticas creen que los llevaron engañados o, por el contrario, seguir en el empeño de ser fieles a una decisión democrática, cuyo resultado han de asumir aunque les cueste la dignidad y, en muchos casos, la hacienda. Al parecer, los políticos británicos han conducido a su pueblo -de forma irresponsable se diría al contemplar la actual y convulsa situación política inglesa, llena de dudas y confrontaciones entre los distintos sectores de la sociedad-, a una situación cercana al síndrome de Penélope, donde no se ponen de acuerdo ni en la forma ni en el tiempo oportuno para salirse de la UE.
Y esta sensación de incertidumbre se transmite, no sólo a los ciudadanos ingleses que viven y/o residen en suelo británico, sino a los cientos de miles que viven y/o residen fuera de su país. Y, en cierto modo, dicha situación de indecisión por saber lo que al final va a suceder el día después de que el Reino Unido salga de la EU, se transfiere también a los distintos gobiernos, tanto nacionales como locales, que se apresuran a llevar a cabo distintos planes de contingencia para minimizar lo más posible las consecuencias que se temen, tanto los sectores sociales como los diversos sectores económicos, que puedan ser catastróficas.
No hay que olvidar diversos aspectos que implican la entrada en vigor del brexit tales como: en España residen algo más de 260.000 británicos; de hecho, España acoge la mayor población británica y, por consiguiente, la más vulnerable al brexit, de toda la UE. En Canarias, donde nos visitan algo más de 5 millones de turistas ingleses al año, residen unos 27.000 -por unos 25.000 canarios que viven en el Reino Unido-, la mayoría de ellos jubilados y con permiso de residencia, por lo que temen no solo por la actualización de sus pensiones, sino por la tan ansiada asistencia médica gratuita. Por su parte, las empresas hortofrutícolas de canarias se inquietan por sus exportaciones -casi un 40 % de nuestros tomates y el 57 % de los pepinos se exportan actualmente, mientras que importamos casi el 80 % de las papas de consumo-; así como las empresas turísticas, que temen por la llegada o no de los turistas ingleses -que se calcula en un 33 % los que nos visitan-, por lo que no estaría de más que cuanto antes se despejaran todas las dudas que acarrea enfrentarse a un nuevo escenario, con unas reglas de juego si no nuevas, sí algo diferentes.
Los ingleses que residen en Canarias o que nos vienen a visitar lo hacen por distintos motivos, entre los que destacan la cercanía -apenas unas pocas horas de vuelo para olvidarse de la neblina, la humedad y el frío y lluvioso clima británico-, y cambiarlo por un tiempo cálido y apacible que los suele acoger con simpatía y toda clase de atenciones; además de unos precios más baratos y asequibles que en su país, una buena gastronomía, hoteles de ensueño, una amabilidad espontánea y agradable, unas playas para disfrutar casi todo el año, buenos transportes, ventajosas posibilidades de comprarse una segunda residencia, e incluso posibilidades de trabajo: casi un 20 % lo hace en el sector hotelero y de servicios, un 17 % en el comercio y casi un 12 % en otros sectores tales como la enseñanza o incluso la agricultura.
Actualmente existen determinados indicadores que nos avanzan lo que podría suceder si sigue adelante el referido brexit: caída de las ventas de paquetes turísticos, así como algunas cancelaciones de reservas individuales, sobre todo para el próximo verano; incidiendo dicha disyuntiva sobre todo en las islas más vinculadas al turismo británico como lo son Tenerife y Lanzarote; dicha reducción de visitantes, así como la suspensión de determinados proyectos empresariales relacionados con dicha industria, tendría efectos inmediatos y demoledores, no sólo en la economía canaria, sino incluso en el empleo.
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