Es un ejemplo más de las debilidades estructurales de Canarias por su condición de territorio insular, fragmentado y alejado, una de tantas circunstancias que demuestran la necesidad de estar siempre vigilantes, atentos y exigentes sobre las condiciones que se ofrecen a esta tierra para su desarrollo económico y social y para superar los problemas siempre cambiantes que conllevan los contextos en los que trabajosamente se desenvuelve el Archipiélago, sus empresas, sus actividades productivas y, en definitiva, sus ciudadanos.

Cuando sobre el horizonte asoman nubarrones de desaceleración económica o quizá de nuevas crisis, de riesgos aún por conocer y valorar por el efecto del brexit que se acerca, de un nuevo cambio de ciclo en nuestra principal industria, de un mundo en guerra comercial sin precedentes desde hace decenios, y de un contexto político nacional e internacional de extremo riesgo, Canarias vive un episodio que le debe poner en alerta sobre las condiciones en que tendrá que afrontar todas estas circunstancias como es la crisis de conectividad aérea que se le viene encima.

El cierre a partir del 8 de enero de las tres bases que Ryanair tiene actualmente operativas en Canarias, en las islas de Gran Canaria, Tenerife Sur y Lanzarote, que se suma a las ya consumadas de varias operadoras alemanas como Germania o Air Berlín, puede suponer un auténtico shock para el sector turístico canario y producir una quiebra en el sistema de conectividad aérea del Archipiélago con sus mercados turísticos tradicionales, al tiempo que abre un debate sobre el modelo de implantación de algunas compañías aéreas en las Islas y el régimen de subvenciones que se les han otorgado para hacer más competitivas las rutas canarias en el mapa de destinos turísticos internacionales.

Más allá de las razones que algunas low cost aducen para el abandono del mercado canario por la situación económica y empresarial de algunas de ellas, el modo en que Ryanair está llevando a cabo su retirada y el cierre de sus bases operativas en las Islas (además de la que tiene en Girona) está provocando irritación, malestar y cabreo no solo en las instituciones y las empresas del sector en el Archipiélago, sino también en la opinión pública y los ciudadanos.

La decisión de la compañía irlandesa, liderada por su polémico consejero delegado, Michael O'Leary, va a suponer el cierre de al menos 30 rutas nacionales o internacionales con origen o destino a algunas de las islas donde opera así como la pérdida de 350 puestos de trabajo en Canarias, 500 si se suman los afectados por el cierre de la base de Girona, según estimaciones sindicales.

Pese a la versión que ofrece la aerolínea de que el "reajuste operativo" no implicará pérdida de conexiones ni de plazas aéreas con los distintos mercados aéreos porque los va a transferir a algunas de sus filiales recién creadas, nadie se cree que la maniobra empresarial sea inocente y sin consecuencias en los ámbitos laboral y de conectividad. La idea generalizada es que va a suponer un golpe a la oferta canaria, a la que se le van a restar este invierno casi 300.000 plazas aéreas de viajeros que llegan en líneas de bajo coste, un sector que está en crisis.

El panorama que se vislumbra a corto y medio plazo en el sector turístico en el contexto de esta alerta de conectividad es preocupante. El reajuste operativo con el que las aerolíneas buscan rentabilizar su actividad incrementando sus bases operativas en los destinos que empiezan a recuperarse (Egipto o Turquía) agravará la pérdida de viajeros producida en lo que va de año, sobre todo de alemanes y escandinavos, mientras que el mercado británico se ve acechado por los efectos del 'brexit' y la devaluación de la libra.

Las autoridades canarias, tanto el Gobierno regional como los cabildos insulares, cuyos nuevos equipos gestores surgidos de las pasadas elecciones están aún asentándose. Reaccionan tratando por un lado de dialogar y negociar con Ryanair, y buscando, por otro lado, nuevas operadoras interesadas, así como nuevas rutas y otros mercados. En el primero de sus objetivos su fracaso está siendo evidente, pues la aerolínea irlandesa se muestra inflexible y se niega a dar marcha atrás. Respecto al segundo, todo son de momento buenas intenciones pero sin que se tenga por ahora una mínima seguridad de que mercados como el norteamericano, el ruso o incluso el africano puedan compensar la pérdida parcial de algunos tradicionales. En la Península, Binter podría suplir mediante algunas conexiones con ciudades medias los destinos afectados por el reajuste de Ryanair.

Por encima de esta situación preocupante se abre el debate sobre si merece la pena seguir pagando subvenciones a una aerolínea que se ha beneficiado de los incentivos aprobados en Canarias para hacer más competitivas sus rutas aéreas y, por ende, el destino turístico isleño. Siempre bajo la sospecha en su forma de aplicar los descuentos a los residentes, especialmente cuando se elevaron hace dos años al 75 % del coste del billete, Ryanair se ha caracterizado por una actitud de permanente pulso a las administraciones y de cierto abuso de dominio en los mercados, tanto canario como peninsular, con decisiones arbitrarias en muchos aspectos de su actividad y funcionamiento. Cabe preguntarse si en este contexto hay margen para la negociación, o asumir el nuevo escenario y ponerse a trabajar para buscar alternativas a una oferta sin la presencia de la aerolínea irlandesa. Tal como señalan algunas asociaciones de consumidores, la realidad está demostrando que las ayudas públicas que se utilizan para impulsar determinados sectores económicos terminan siendo excusa o instrumento de chantaje para dejar de cumplir con sus obligaciones legales con las administraciones y los usuarios. Y se aprovechan de la laxitud de las autoridades en la aplicación de sanciones cuando estas empresas no cumplen con la legalidad para insistir en sus abusos con los consumidores, y su desprecio hacia las reglas pactadas para operar.

Algunas aerolíneas de bajo coste actúan con oportunismo y exprimen el apoyo público sin contemplaciones, imponiendo condiciones que ninguna administración ni puede ni debe aceptar.

Canarias necesita un horizonte despejado sobre el futuro de sus conexiones aéreas con los mercados turísticos. La alerta de la conectividad está aún en fase naranja, no está en caída libre pero tiene plomo en sus alas, por lo que es urgente y crucial que se aborde en profundidad y con rigor la nueva situación bajo dos criterios básicos: impedir que compañías oportunistas vampiricen el dinero público, y garantizar las mejores condiciones para que la oferta aérea canaria se corresponda con su gran oferta turística, y que no se disparen los precios de los billetes.